Sánchez convoca este domingo Consejo de Ministros para abordar el estado de alarma

Redacción. El Gobierno ha recibido ya la petición de ocho Ejecutivos autonómicos (cinco de ellos, del PSOE) para declarar el estado de alarma y endurecer las restricciones de movilidad, con el objetivo de hacer frente al incremento de contagios de COVID-19 y se mantiene a la espera de terminar de recabar solicitudes para determinar su próximo paso.

El Consejo de Ministros se reunirá este domingo, con carácter extraordinario, para abordar la declaración del estado de alarma, después de que el presidente Pedro Sánchez haya afirmado que está dispuesto a adoptar las medidas que haga falta para doblegar la curva de contagios.


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Ocho comunidades ya lo han solicitado

A las 21.00 horas de este viernes, tras advertir de la gravedad de la situación, ya le habían pedido este paso País Vasco, Cataluña, las comunidades gobernadas por el PSOE de Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra y Castilla-La Mancha, así como la ciudad autónoma de Melilla.


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El presidente del Gobierno se encuentra en Roma para asistir este sábado a su audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano. No obstante, ya hace dos semanas delegó en su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la declaración del estado de alarma “territorializado” para restringir la movilidad en la Comunidad de Madrid, que se aprobó también en un Consejo de Ministros extraordinario.

El Gobierno no necesita el visto bueno del Congreso para aprobar este instrumento, pero sí para prorrogar el estado de alarma más allá de los 15 días de vigencia inicial. En este sentido, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado que este viernes ya estaban buscando “apoyos claros” para garantizar la viabilidad del estado de alarma, si deciden recurrir a este instrumento como cobertura jurídica para aprobar un toque de queda en todo o gran parte del territorio nacional que permita reducir la movilidad nocturna; una medida que están adoptando ya por su cuenta varias regiones.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado este viernes desde Moncloa que está “listo” para adoptar las medidas que sean necesarias y ha vuelto a instar a las comunidades autónomas que se encuentran en riesgo “extremo” a solicitar la declaración del estado de alarma cuando lo consideren necesario para seguir luchando contra la pandemia.

El Gobierno y las comunidades aprobaron este jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) un plan de respuesta coordinada que incluye cuatro niveles de riesgo, con sus correspondientes medidas. En el nivel de alerta máxima se contempla expresamente la posibilidad de recurrir al estado de alarma para dar cobertura a medidas “excepcionales”, tal y como ha recordado Sánchez en su comparecencia.

Estrategia de cogobernanza

Tras superarse la primera ola del coronavirus, y decaer el estado de alarma iniciado en marzo por la progresiva pérdida de apoyos, Sánchez adoptó en verano una estrategia de “cogobernanza” con las comunidades, para que fueran ellas las que, en coordinación con Sanidad, se encargaran de gestionar la pandemia.

En esta línea, a finales de agosto puso a su disposición la posibilidad de solicitar la aprobación de un estado de alarma “territorializado” que sirviera como cobertura jurídica para aplicar medidas de movilidad más estrictas, si así lo consideraban necesario. En ese momento, Sánchez, ofreció a los presidentes autonómicos la posibilidad de acudir al Congreso a defender ellos mismos su petición.

El Gobierno ya recurrió hace dos semanas a la declaración de un estado de alarma “territorializado” para aplicar en la Comunidad de Madrid los confinamientos perimetrales en la capital y otros ocho municipios, ante la “preocupante” situación en la región, y la negativa del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de atender las indicaciones del Ministerio de Sanidad.

De hecho, este estado de alarma, que se aprobó con medidas únicamente para Madrid, decae este sábado, ya que el Ejecutivo descartó prorrogarlo, consciente de que sigue sin contar con los apoyos necesarios para sacar adelante su continuidad en el Congreso, ante la negativa del PP.

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