El palermo Julio Piedra, elegido presidente del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social

Redacción. Este fin de semana se ha reunido en Sevilla la Asamblea del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, conformado por los ocho colegios provinciales que aglutinan a más de 5.100 profesionales del Trabajo Social.

En esta Asamblea se ha elegido la nueva Junta de Gobierno que durante los dos próximos años actuará en su representación, tal y como se establece en los estatutos del Consejo. La presidencia ha recaído en D. Julio Piedra Cristóbal, actual presidente del Colegio Profesional de Huelva y la Vicepresidencia en Dña. Pilar Tubio Martínez, presidenta actual del Colegio Profesional de Cádiz. Junto a ellos la Secretaria correrá a cargo del presidente del Colegio de Sevilla Gonzalo Cañestro y la Tesorería en la persona de Rafael Arredondo, presidente del Colegio de Málaga.

Desde el conjunto de colegios andaluces se ha puesto de manifiesto la necesidad de continuar trabajando para la visibilización de la profesión de Trabajo Social en todos sus ámbitos, así como para la creación y consolidación de nuevos espacios.

Se dará continuidad al trabajo que se viene realizando en torno a la recién aprobada Ley de Servicios Sociales de Andalucía, y se velará para que se materialice en propuestas legislativas concretas que la desarrollen. Ya que en menos de un año tendrán que estar aprobado tanto el Mapa como la Cartera de Servicios, ambos instrumentos claves para la puesta en marcha de la actual ley.

En la hoja de ruta se tendrán en cuenta las fértiles propuestas realizadas por los y las profesionales en las I Jornadas del Consejo Andaluz de Trabajo Social “Retos y Desafíos”, llevadas a cabo desde los distintos grupos de trabajo especializados en numerosos ámbitos de intervención.

En definitiva, se efectuará una significativa labor que tiene como pilares fundamentales la defensa de la profesión en todos los ámbitos, siendo garantes de su correcta praxis ante las personas, el cuidado de las funciones del Sistema que garantizan los Derechos de la ciudadanía frente a las amenazas que ponen en riesgo su cumplimiento, y el impulso de la formación tanto general como especializada. Todo ello desde la sólida base que ofrece nuestro objetivo principal: velar por la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas.