Redacción. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha visitado esta semana el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) Odiel de la capital onubense para conocer el programa de formación académica y profesional que siguen los jóvenes mientras cumplen medidas judiciales y que les “abre puertas laborales que facilita que, cuando salgan, reconduzcan su vida y se alejen del conflicto”. Actualmente, el 30% de los jóvenes residentes en el centro realiza prácticas en empresas gracias a las actividades formativas del centro.
Durante su visita, acompañado de la delegada territorial, Carmen Céspedes, Nieto ha saludado tanto a los profesionales que trabajan con los menores, a quienes ha agradecido su compromiso “más allá de lo estrictamente laboral”, así como algunos de los jóvenes que se encontraban recibiendo clase, con los que incluso ha compartido juegos en el patio durante el descanso.
El consejero ha destacado la importante labor que realizan los trabajadores de estos centros para “lograr que el sistema de Justicia Juvenil de Andalucía sea un referente nacional e internacional porque logra que el 80% de los menores no vuelva a reincidir nunca”.
En este sentido ha incidido en que el presupuesto destinado a estos centros y recursos “no es un gasto, es una inversión porque recuperamos a jóvenes que aún tienen mucho que aportar a la sociedad y que en un momento determinado, por distintas circunstancias, tienen una conducta conflictiva”. “Es una segunda oportunidad que la gran mayoría sabe aprovechar”, ha añadido.
La plantilla del centro, gestionado por la Fundación Diagrama y que cuenta con 20 plazas para chicos, está formada por 37 profesionales entre psicólogos, educadores sociales u orientadores, además de un médico, un enfermero, diez personas de seguridad y dos docentes dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. La Consejería de Justicia tiene un convenio con ésta desde 2021 para facilitar su matriculación en centros públicos del entorno en cualquier momento del curso, si el régimen de internamiento impuesto por los jueces les permite salir. Si no, reciben clases en los propios CIMI, gracias a los docentes que se trasladan a los mismos.
Durante el año pasado cumplieron medidas judiciales en este centro 36 menores, la mayoría por delitos contra el patrimonio, lesiones y maltrato físico, usualmente en el ámbito familiar, con una edad media entre los 16 y 17 años y el 83% españoles. El régimen más habitual es el de internamiento semiabierto, lo que les permite acudir a clase en centros públicos del entorno.
Así, 32 siguieron estudios reglados, en concreto, 23 cursaron Educación Secundaria para Personas Adultas, tres estuvieron matriculados en FP Básica, otros tres en grados medios o superiores de Formación Profesional, dos en Bachillerato y uno en ESO. Además, todos ellos recibieron orientación sociolaboral ya que los profesionales del centro trabajan tanto en mejorar su autoestima y reducir factores que hayan podido contribuir en el desarrollo de la conducta delictiva, en colaboración con las familias, como en darles herramientas para su empleabilidad, a través de itinerarios de inserción profesional que permiten que actualmente el 30% de los menores residentes en el centro estén desarrollando prácticas laborales en empresas.
Auxiliar de viveros y jardinerías
El CIMI Odiel, que gestiona la Fundación Diagrama, cuenta con varios talleres de formación y el de jardinería logró el pasado 22 de diciembre la acreditación oficial para que los jóvenes que lo sigan y superen obtengan un Certificado de Profesionalidad para trabajar como auxiliar en viveros, jardines y centros de jardinería. En el centro se ha instalado un nuevo umbráculo y un nuevo invernadero homologado con una estructura modernizada junto a un terreno de 2.000 metros acondicionado para las prácticas de los jóvenes de este taller.
En total en los centros y servicios del sistema de Justicia Juvenil de la provincia de Huelva se ejecutaron durante el año pasado un total 189 de medidas judiciales: 60 privativas de libertad y 129 de medio abierto tales como libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, estancias en grupos educativos de convivencia o asistencia a actividades en centros de día.
