Redacción. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de efectivos de la Inspección Pesquera en Huelva de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), ha localizado cuatro líneas de artes para la pesca de pulpo caladas en zonas prohibidas y sin el balizamiento reglamentario. La intervención se ha realizado en el transcurso de las labores de control y vigilancia por mar efectuadas los pasados días 10 y 12 de agosto, en la costa onubense. En total, en estos dos operativos se han retirado del mar 160 alcatruces y 100 nasas dedicadas a la captura ilegal de pulpo.
De esas cuatro líneas de artes decomisadas, de casi cuatro kilómetros de longitud, dos de ellas se encontraban caladas más allá de las seis millas de la costa, zona prohibida para esta modalidad de pesca, y las otras dos en el canal de navegación de la ría de Huelva, lugar igualmente prohibido, en este caso por el peligro que supone para la seguridad de las embarcaciones.
Desde la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía se viene actuando diariamente contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El perjuicio que genera estas actividades ilícitas pone en riesgo la biodiversidad marina y la continuidad y el futuro de la actividad pesquera, y con ello el modo de vida de cientos de familias.
Además, desde el 16 de agosto y hasta el 31 de octubre de 2021 tiene lugar la veda del pulpo que responde al establecimiento de medidas técnicas de conservación de esta especie. La veda y el control de la talla mínima de captura, tienen como principales objetivos favorecer la protección de las poblaciones juveniles y del periodo de máxima actividad reproductiva de esta especie. Durante este periodo de veda está prohibido usar, calar, mantener calados o llevar a bordo artes específicos para la captura de pulpo, recordándose que la captura, tenencia, consignación, transporte, tránsito, almacenamiento, transformación, exposición y venta, en cualquiera de las formas previstas legalmente, de especies en épocas de veda constituye una infracción tipificada como grave que puede conllevar multas de hasta 60.000 euros.
Al mismo tiempo, la Política Pesquera Común (PPC) tiene entre sus objetivos garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean sostenibles medioambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos y sociales, crear empleo y contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios. Además de comprometer la sostenibilidad y futuro de los recursos pesqueros, la introducción de mercancía capturada de manera ilegal en los canales de comercialización, sin pasar por consiguiente por ningún tipo de control sanitario y de trazabilidad que acredite su origen, supone un riesgo para la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores.
