Redacción. El sindicato CSIF ha exigido a la Junta de Andalucía que mejore las condiciones laborales de los agentes de medio ambiente y de los celadores forestales, y que dote a estos últimos de las herramientas legales de las que carecen a día de hoy a pesar de que desarrollan gran parte de las funciones de los propios agentes en la protección de los espacios protegidos.
En este sentido, el sindicato denuncia cómo la Administración «se olvida otro año más de este colectivo de trabajadores -128 en la provincia de Huelva- que cuidan del medio natural y se exponen a riesgos constantes en su día a día». A pesar de ello, «son ninguneados e ignorados cada vez que intentan mejorar sus condiciones y se desprecia su labor durante todo el año, en especial en la época de incendios forestales».
CSIF remarca que «la protección del medio ambiente deja mucho que desear por la escasez de medios y la falta de personal legítimamente acreditado» poniendo como ejemplo «la insignificante remuneración» que reciben agentes y celadores después de «largas guardias» o el penoso mantenimiento de los vehículos. La central sindical asegura que la mayoría de la flota sobrepasa con creces los años y el kilometraje aprobado por los técnicos de riesgos laborales.
En el caso de los 92 agentes que hay en Huelva, acuden a los incendios como directores técnicos de extinción, dirigen y organizan a los grupos contra el fuego y asumen «toda la responsabilidad» bajo el paraguas del Plan INFOCA, al que pertenecen. «Llegan los primeros y se van los últimos», de ahí que CSIF exija para ellos una remuneración ajustada a su «amplia responsabilidad». También reseña que suelen ejercer sus tareas de uno en uno, a pesar de que la normativa los obliga a ir por parejas para así cubrir posibles eventualidades.
En cuanto a los 36 celadores forestales de la provincia onubense, CSIF recuerda que muchos acaban ejerciendo las mismas funciones que los agentes, a quienes incluso sustituyen en caso de jubilación porque esas plazas no se reponen.
El sindicato aclara que los agentes de medio ambiente son funcionarios, tienen la consideración de agente de la autoridad y poseen el carácter de policía judicial genérica porque persiguen e investigan delitos ambientales o el envenenamiento de la fauna. Por otra parte, los celadores forestales son personal laboral y no gozan de ninguna cobertura jurídica a pesar de que desarrollan funciones idénticas a las de los agentes. También comparten coordinadores y vehículos, aunque «por ley no están legitimados para ello». En concreto, los celadores forestales ejercen «misiones de policía y custodia de las riquezas naturales» y pueden comunicar una posible infracción o proponer la apertura de un expediente sancionador.
Por ello, los celadores reclaman que se resuelva la indefensión que sufren al no tener la condición de agente de la autoridad, ni siquiera la de auxiliares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. CSIF pide, finalmente, que la Administración dicte una Orden que «acabe definitivamente con el vacío legal» en que se encuentran.
