Redacción. Hoy, primero de Mayo, es una jornada de reivindicaciones. Izquierda Unida pone el foco en la siniestralidad laboral. El Coordinador Provincial en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, reivindica para la provincia onubense un “plan de choque” ante los “altísimos datos de siniestralidad laboral que estamos soportando”. Sánchez Rufo señala que “Huelva no puede seguir siendo la provincia que acumula los más altos registros negativos en el ámbito laboral”. Entiende que estamos a la cabeza en brecha salarial, precariedad y siniestralidad en el trabajo.
Sánchez Rufo señala que en Izquierda Unida “seguiremos respaldando” las reivindicaciones que están planteando desde hace mucho tiempo los sindicatos de clase. Hay que reducir los accidentes en el trabajo y defender la salud y la seguridad de las trabajadoras y trabajadores onubenses. “Esta misma semana hemos tenido que lamentar la muerte de un trabajador más en las instalaciones de la empresa minera MATSA”. A lo largo del año pasado murieron 18 personas en el trabajo, “lo que es totalmente inaceptable y requiere que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía pongan muchos más medios para remediar esta penosa situación”, declara Sánchez Rufo.
Sánchez Rufo insiste en la necesidad de derogar la Reforma Laboral de 2012, ya que “la precariedad laboral que genera es una de las causas de la siniestralidad en el trabajo”. “Hoy, Primero de Mayo, estamos junto a los sindicatos apoyando decididamente ésta y las demás reivindicaciones que defienden para mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora onubense para que la vida ni la salud no se ponga en riesgo en ningún puesto de trabajo”.
El coordinador provincial de IU expone que el portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en la Diputación de Huelva, David F. Calderón, defendió el pasado mes de febrero una iniciativa que resultó aprobada en aquel Pleno provincial. En ella que se recogían las demandas sindicales para reducir la siniestralidad laboral en Huelva.
Estas medidas pasan por incrementar la plantilla de inspectores de Trabajo y de subinspectores de Seguridad y Salud, dependientes del Gobierno central. También del personal técnico de Salud Laboral, dependientes de la Junta de Andalucía. Ambas administraciones tienen que poner más recursos humanos defender la salud laboral y hacer que las empresas cumplan con la legislación.
‘Seguiremos insistiendo a través de los cauces institucionales de los que disponemos para que se cumplan estas medidas’. También otras destinadas a reforzar la investigación de todos los accidentes de trabajo, así como los planes de formación y apoyo a las empresas medianas y pequeñas, en materia de prevención de riesgos laborales.
