Juan Carlos León Brázquez. Los planes de la empresa Ditecsa para ampliar los usos y prolongar en el tiempo la acumulación de basuras tóxicas al lado del núcleo urbano de Nerva está recibiendo la contestación unánime de los grupos ecologistas, culturales, asociaciones civiles, sindicales y partidos políticos que, por primera vez, se aglutinan pidiendo al unísono el cierre del mayor vertedero de productos tóxicos de Andalucía. Hoy, a las 7 de la tarde, está prevista una concentración en la barriada de El Ventoso, a solo 750 metros del vertedero, para desplazarse posteriormente ante las puertas del mismo bajo el lema ¡Queremos el cierre del vertedero, Ya!
La marcha ha sido convocada por Adelante Nerva-Izquierda Unida, Alternativa Ciudadana: Nerva, salud y dignidad, Anticapitalistas Huelva, Antivertederos de Nerva, Asociación Matilde (Minas de Ríotinto), Cistus Jara (Zalama la Real), Confederación General del Trabajo-Huelva, Eco Huelva, Ecologistas en Acción, Equo Huelva, Fundación Savia, Huelva te mira, Independientes Nerva, Izquierda Unida Huelva, Las 3 cabras (Sierra de Aracena y Costa de Huelva), Mesa de la Ría (Huelva), Mujeres 24 H (Huelva), Partido Socialista Obrero Español, Pies en la Tierra (Asociación serrana por el desarrollo rural), Plataforma Antivertedero (Zalamea la Real), Podemos y Sentido Natural de El Berrocal. Nunca en los 22 años de actividad del venenoso vertedero la acción por su cierre había encontrado tanta unanimidad, “para evitar que las instalaciones se conviertan en el gran supermercado de residuos tóxicos de Europa”. Y es que los criterios por los que se estableció en Nerva el vertedero han cambiado, especialmente porque hoy no responde a ningún interés social, ni se han cumplido las promesas ni las expectativas que se crearon en 1995 y porque el vertedero se ha convertido en un foco contaminante en una zona protegida cultural y ambientalmente importante, en los aledaños del río Tinto, donde desembocan las aguas contaminadas y los vertidos ilegales protagonizados en los últimos años. A ello se unen los malos olores, los incendios, los accidentes de camiones con mercancía peligrosa y otros incidentes que crean una continua alarma en la población vecina.
Aunque todavía no está decidido, ya que necesita la autorización ambiental de la Junta de Andalucía, los planes de Ditecsa, pasan por montar nuevas plantas en los terrenos que ocupan el vertedero, como la caldera incineradora de biomasa para generar electricidad, una planta de tecnosuelos y una de combustibles sólidos de sustitución, lo que, según los organizadores de la manifestación, supone “una clara distorsión de los principios de la nueva economía circular”. La Junta de Andalucía, en clara connivencia con la empresa, presentó durante el periodo de confinamiento por la Covid-19 el trámite de información pública y abrió el periodo de alegaciones. A pesar del difícil periodo, hoy los cajones de la Junta de Andalucía se encuentran repletos de alegaciones de muy diversa índole contra los planes de Ditecsa. El problema de la Administración autonómica, con plenas competencias sobre la cuestión, antes con los socialistas y ahora con PP-Cs, es que ha sido incapaz de encontrar alternativas al problema que dura ya 22 años, con los vasos colmatados y con sucesivos permisos para ampliar e incrementar las capacidades de desechos, sin que se haya establecido un control riguroso sobre el tipo de basura tóxica depositada. La Administración autonómica -único valedor- mira hacia otro lado sobre las irregularidades que pudieran cometerse, ya que no tiene alternativas para los residuos producidos por la industria más contaminante y periódicamente permite los recrecidos sobre lo que fue el proyecto original. Todo un engaño.
La empresa Ditecsa insiste en que sus planes no pasan por una ampliación, sino por encontrar vías suplementarias que permitan que las instalaciones sigan funcionando y se mantengan en el tiempo los 40 puestos de trabajo que genera. Se sustenta en la eufemística Economía Circular. “Un negocio debe avanzar y adaptarse, por eso hemos hecho una modificación sustancial que se ajuste a una autorización medioambiental, que nos lleve a cinco, diez o veinte años”, expresó ante los vecinos el director general de Ditecsa (DSM), Manuel Roca. Plantea modificar los vasos (ya recrecidos en continuas ampliaciones), tratar las aguas que llevan 22 años generando problemas y contaminación, pero que terminan vertiendo al río Tinto. Literalmente: “Buscamos acciones para que las aguas del vertedero se vayan ‘para afuera solas’. Y un tercer punto contempla nuevas instalaciones para el tratamiento de residuos, algo que dará continuidad en el tiempo y en la actividad para cuando el vertedero se colmate”. Es decir, no hay fecha para el cierre, ni un plan de desescalada, muy al contrario, se buscan actividades alternativas. No obstante, el vertedero -tal como considera la empresa- pretende “evitar que la actividad y el negocio se acabe”. Es decir, nadie toma en consideración las pretensiones de los vecinos, partidos políticos, asociaciones ecologistas y cívicas para el cierre del controvertido vertedero tóxico que ha cumplido con creces los objetivos para los que fue creado. Hoy, según la empresa, es esencial para el tejido industrial de Andalucía, mientras que ni la anterior administración socialista ni la actual PP-Cs, han sido capaces de buscar alternativas y elaborar un plan de cierre. Para la Junta de Andalucía, Nerva es un centro de gestión de residuos industriales, que admite casi la totalidad de los residuos peligrosos que se pueden producir actualmente, pero dada la toxicidad de los mismos, los convocantes creen que la gestión ha sido nefasta “repercutiendo negativamente en la salud y el bienestar social de los habitantes de la zona minera”, por lo que piden el cierre inmediato del venenoso vertedero.
Carmen Crespo, consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, tras la enorme polémica abierta, tras conocerse los nuevos planes para el vertedero de Nerva, se ha visto obligada a señalar en sede parlamentaria que su departamento tiene una hoja de ruta para el cierre ordenado y dialogado del vertedero “al final de su vida útil”, algo cuyos detalles se desconocen y sorprende la declaración dado que la Junta no tiene alternativas a corto plazo. Muy al contrario, la propia Carmen Crespo se posiciona junto a la empresa al considerar que los nuevos planes no representan “un aumento de capacidad, pues se seguirá con la misma capacidad, ni una tonelada más”. Y echa balones fuera ante la nueva situación, señalando a los socialistas (posicionados ahora contra el vertedero) como responsables de la existencia del peligroso vertedero de Nerva: “La instalación ni la puso, ni la ha mantenido durante 20 años este Gobierno (PP-Cs), sino administraciones socialistas”. Toda la razón en este sentido, pero extraña su contundencia al indicar que “las autorizaciones no la dan los políticos, sino los técnicos”, en clara alusión a lo que en su momento también indicó el anterior responsable socialista, José Fiscal. Sin embargo, en su propio partido hay discrepancias. José Lozano, del PP de Nerva, opuesto y combativo desde siempre contra la existencia del vertedero, es claro, “se pretende dar continuidad al vertedero, porque nunca va a dejar de colmatarse, permiso tras permiso”. Y reprocha a su partido la posición parlamentaria que mantiene sobre la autorización ambiental integrada para el Centro de Gestión de Residuos Industriales de Nerva.
Las declaraciones de Carmen Crespo fue consecuencia de la interpelación que le hizo en el parlamento autonómico el socialista Gerardo Sánchez, quien mostró la nueva posición del PSOE-A, que hoy se desmarca del vertedero, tras haber sido los socialistas los que crearon, impulsaron y facilitaron su existencia durante dos décadas, permitiendo ampliaciones sobre el proyecto original, hoy muy superado. Gerardo Sánchez reconoce que “el vertedero produce hoy el rechazo unánime de todas las fuerzas políticas de Nerva, tanto del PSOE, como del PP local (también Izquierda Unida), que parece que tiene más conciencia ambiental que el PP de la Junta de Andalucía. Y tiene todo el rechazo del pueblo de Nerva, que no quiere más ampliaciones ni modificaciones de la planta”. El PSOE de Nerva también se ha colocado contra el vertedero, junto a las demás fuerzas políticas locales que venían exigiendo tradicionalmente su cierre. Sin embargo, su posición en el Ayuntamiento, que preside el socialista José Antonio Ayala, es compleja, ya que sus presupuestos y actividades dependen de lo aportado por el vertedero. El pasado año obtuvo 678.000 euros, de los que 508.000 euros correspondieron al canon de la empresa y 170.000 uros por impuestos medioambientales de la Junta de Andalucía. Aún así, la localidad mantiene una deuda -según Hacienda- de 8,3 millones de euros (1.587 euros por habitante) Ayala lo reconoce: “Estoy dispuesto a hablar y dialogar con la Consejera de Medio Ambiente. Hay que buscar una solución y una alternativa para este pueblo. Si nosotros hubiéramos cobrado de la empresa el canon hipotético que se nos dijo inicialmente que nos iban a pagar, probablemente no tendríamos deuda, ‘tendríamos superávit’. Ahora mismo somos rehén para seguir, pero no podemos seguir así toda la vida. Tenemos la oportunidad para romperlo y no seguir diciendo SÍ a cualquier cosa”. El pasado 9 de julio, los tres grupos del Ayuntamiento de Nerva (PSOE, PP e IU) aprobaron en pleno una declaración institucional de rechazo al nuevo proyecto de la empresa con proyecto que suponen nuevos usos e instalaciones.
Los técnicos llamados a Nerva para explicar la situación del vertedero se han pronunciado. Pepa Beiras, de la Universidad de Huelva, indica que han estudiado el nuevo proyecto y “hemos concluido en un informe que el balance hídrico de las aguas es erróneo, no está bien calculada el agua que entra y el agua que sale. Calcula que hay menos agua de la que previsiblemente habrá y ni siquiera prevé una balsa de acumulación para recoger la posibilidad de que el agua a tratar sea mayor que la que admite la planta. Hay una subestimación de la pluviometría y además hay una practica ausencia geotécnica (análisis de las rocas y el suelo y su comportamiento mecánico) y de estabilización de taludes y desmontes en el proyecto básico. Y eso que la propia empresa en su proyecto indica que este punto supone un 40 por ciento para decidir. Algo incomprensible que no recoja esta información geotécnica y estabilidad. Ni un plan sistemático de control de los taludes, imprescindible”.
Por su parte, Daniel López, geólogo de Ecologistas en Acción, sostiene que “este es un vertedero obsoleto, innecesario y fuertemente impactante y amenazante sobre la salud de la población y la preservación del medio ambiente. Los nuevos proyectos son antagónicos con la nueva normativa europea y con las leyes española en tramitación parlamentaria, que, por la reducción de emisiones, nos obliga a poner fecha final y a clausurar, sellar y restaurar todos los vertederos que tenemos. Un vertedero es un reactor químico, creando un gran impacto sobre el subsuelo (aguas subterráneas), aguas superficiales y sobre las emisiones atmosféricas. La vida latente puede prolongarse hasta 50 años más allá del cierre, con residuos peligrosos mezclados entre sí. Tiene una enorme capacidad reactiva, por lo que tras el cierre debe haber un seguimiento de control, para corregir la enorme cantidad de lixiviados que van a seguir generando un problema muy importante al medio ambiente. Hay soluciones alternativas, por lo que no entendemos estos nuevos proyectos. La Administración está en plena esquizofrenia mental, exige economía circular, pero está en promoción de algo antagónico frente a una directiva de obligado cumplimiento. Hay que poner fecha final para cierre, clausura y restauración”.
Por último, Ricardo Amils, investigador (Proyecto Marte) del río Tinto, critica los criterios que en su día se utilizaron para la existencia del vertedero: “El vertedero está ahí porque se tenía la noción de que el río Tinto era un río contaminado y no importaba contaminarlo algo más. Hoy en día los científicos tenemos claro que es un río natural, no está contaminado, aunque no podemos obviar algunos elementos de la acción de 5.000 años de la minería. En 2004 la Junta de Andalucía declaró con razones justificativas que el río Tinto es único en el mundo y que hay que protegerlo para futuras generaciones, por lo que requiere un nivel de protección. Está claro que el origen del río es un reactor subterráneo que permea hasta el río, lo que nos dice que los microorganismos tienen millones de años de antigüedad, oxidando el hierro. Las terrazas más antiguas del río tienen 8 millones de años de antigüedad. El problema es que el vertedero nos dice que la contaminación que produce disminuirá con el tiempo, lo que no es cierto. Su contenido modificará las características de todo el cauce y verterá hacia el Atlántico donde pescamos. Es una contaminación que va más allá de la zona en la que está el vertedero. Los datos de la empresa, sus análisis, no están avalados por nadie. Hay análisis de 2012, de hace ocho años, que nada tiene que ver con lo que vierten en estos momentos. Hay que proteger este río para las futuras generaciones y la existencia contaminante del Vertedero nos hipoteca para que la Unesco lo reconozca como Patrimonio de la Humanidad”.
Algo difícil, mientras el vertedero, que se encuentra en zona especialmente protegida, siga funcionando y contaminando su entorno. Las aguas del río que nace en Nerva van hasta Huelva y desde luego trasladan hasta la capital el despropósito de un basurero tóxico creado con la complicidad de las empresas más contaminantes y de la Administración autonómica andaluza, que a lo largo de más de dos décadas ha mostrado su incompetencia para cerrar este basurero, enclavado a solo unos centenares de metros de una población que ahora parece reaccionar todos a una para impedir los nuevos planes de Ditecsa y clamar por el cierre de un vertedero que dejará para siempre su veneno en Nerva.
