Redacción. El delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos, ha manifestado que «responder a las demandas del sector de servicios a usuarios de playas es una prioridad que forma parte del paquete de medidas de emergencia que está tomando el Gobierno andaluz para reactivar la economía ante la crisis del Covid-19».
Burgos considera que es «un sector sensible por su temporalidad», tal y como ha podido comprobar en el contacto permanente con los empresarios del litoral onubense. En este sentido, ha destacado la decisión de la Junta de Andalucía de permitir el montaje de las instalaciones de temporada y el desarrollo de las actividades contempladas en planes de playas que se encuentran en tramitación sin esperar a que se reanuden los plazos que el estado de alarma suspendió. «De otra forma -ha explicado el delegado territorial- se perdería mucho tiempo. Con esta medida estarán preparados para dar sus servicios en cuanto sea posible en las condiciones en las que marcan las autoridades sanitarias en cada momento».
La autorización extraordinaria faculta para la ubicación, superficie y tipo de uso, entre otras características, que tenían aprobadas con las licencias anteriores, a la espera de que se resuelvan los nuevos expedientes del sector, que incluye chiringuitos, restaurantes, kioscos y entidades dedicadas al alquiler de hamacas e iniciativas náutico-recreativas en el litoral.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, asimismo, ha tomado otras medidas en la misma línea, como ampliar en un año la vigencia de las concesiones de larga duración del dominio público marítimo terrestre de las empresas en el supuesto de que caduquen en el actual ejercicio o instar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a la exención del pago del canon anual de ocupación en 2020.
«La Semana Santa, por ejemplo, se considera ya temporada alta para este sector en Huelva, con una gran afluencia de turistas todos los años. Tampoco conocemos las condiciones del inicio de la temporada de verano ni la respuesta de los ciudadanos cuando haya cierta normalidad. Por estos motivos, hay que determinar una compensación económica que tiene que venir del gobierno competente en el dominio público marítimo terrestre, que en este caso es el central», ha manifestado Burgos.
La Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por su parte, se encarga de validar los planes de playa de los municipios costeros a partir de los informes presentados cada año por los ayuntamientos. En los planes están incluidos los servicios que prestan las empresas.
