Redacción. El Consejo Andaluz de Trabajo Social, por acuerdo de la mayoría de sus miembros, muestra su más enérgica repulsa a la propuesta de vincular la atención social durante la pandemia, a la medida anunciada por la Junta de Andalucía de financiar la entrega a las familias de una tarjeta monedero gestionada por entidades ajenas a la Administración Pública.
El derivar a entidades privadas fondos que se niegan al sistema público, sería tan incomprensible como privar a los hospitales y sus profesionales sanitarios de medicación y respiradores para que organizaciones no gubernamentales atendidas en su mayor parte por personas voluntarias, prescribieran a qué enfermos/as se les proporciona.
Lo que sería un disparate en el sistema sanitario, lo es también en el de Servicios Sociales. Si queremos que la crisis social no implique pérdidas de proyectos vitales, sufrimiento y desprotección de los/as más vulnerables, es imprescindible que se cuenten con los profesionales del trabajo social de los Servicios Sociales Comunitarios.
Los motivos para rechazar esta medida se fundamentan en evidenciar que se priva de derechos a las personas que atraviesan una situación de desprotección provocada por el impacto social y económico de la pandemia, y que se vulneran claramente los mandatos de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía. Lo hace en cuanto que la puerta de entrada al Sistema son los Servicios Sociales Comunitarios, al igual que los Centros de Salud de Atención Primaria también lo son el Sistema Sanitario, y que vulnera el derecho al profesional de referencia trabajador/a social que es el que tiene reservada en exclusiva la prescripción de recursos. La propia Ley prohíbe que la prescripción de recursos se haga por personas que ni tienen reconocida la condición de empleados públicos, ni tienen la habilitación como profesionales del Trabajo Social, cuando ya se reconoce ambos derechos de ciudadanía desde la aprobación de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía.
Además, se duplican actuaciones, lo que obliga a las personas a ir “pidiendo en varias ventanillas”, con la sospecha por parte de la propia Junta de Andalucía de que lo harán de forma fraudulenta por cuanto contempla un mecanismo para evitar duplicidades. Se responsabiliza a la ciudadanía de la gestión de la propia Administración, cuando es ella la que crea un sistema dual de entrada.
Es estigmatizante la entrega de una “tarjeta de pobreza” para poder alimentarse, cuando ya hay recursos normalizados como las prestaciones económicas gestionadas desde las Administraciones Locales, o la propia Renta Mínima de Andalucía.
Respaldamos, tal como se ha indicado por parte de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para la actuación de los Servicios Sociales de Atención Primaria ante la crisis por COVID-19, y por la propia Junta de Andalucía respecto a las Ayudas Económicas Familiares, que como medida excepcional se considere la prescripción facultativa de la persona profesional de referencia, que según marca la ley es un/a trabajador/a social como único requisito para acceder a una transferencia de dinero a las familias que les permita garantizar las necesidades básicas, agilizando los procedimientos y liberando los fondos necesarios para que, sin duplicar esfuerzos, sin hacer peregrinar a las personas por varias instituciones, con el respaldo de valoraciones profesionales, representen una garantía de atención y gestión de recursos públicos que no pueden ser derivados a la caridad mientras los Servicios Sociales son desatendidos.
Baste recordar que en algunas provincias se acumulan retrasos en la percepción de la Renta Mínima de más de un año. Una prestación que tienen la consideración de derecho subjetivo, y por tanto ha de ser entregada a las personas beneficiarias sin dilaciones se deja sin atender, mientras se destinan recursos públicos a entidades asistenciales, que sin menospreciar la valiosísima labor de solidaridad que están realizando, no se les puede trasladar la responsabilidad que es pública. Si se hicieran efectivos los pagos atrasados, miles de familias andaluzas no necesitarían ser “consoladas” con una bolsa de alimentos, sino que se les reconocería su dignidad ciudadana.
Por todo ello desde este Consejo Andaluz que representa a la profesión de Trabajo Social, quiere poner de manifiesto que Rechazamos la pretensión de cambiar por la vía de los hechos el sistema de protección ya consagrado en la Ley de Servicio Sociales de Andalucía, donde se reconoce que son los Servicios Sociales Comunitarios los que tienen que garantizar la atención en situaciones de emergencia o urgencia social, y Reclamamos insistentemente el derecho a una protección social pública y normalizadora, alejada de voluntarismo y sin garantías.
