Redacción. La dirección del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez condena la agresión sufrida ayer por la noche por un vigilante de seguridad durante el desempeño de su labor en el servicio de Urgencias del centro, al mismo tiempo que traslada su solidaridad al profesional afectado.
Desde el centro hospitalario se quiere, una vez más, mostrar su rechazo a esta clase de actos, resaltando que cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, no puede justificarse por ningún concepto, por lo que hace un llamamiento público en contra de este tipo de comportamientos incívicos. Al mismo tiempo destaca que este hecho aislado no refleja el comportamiento habitual de los usuarios que son atendidos en el hospital.
El centro también informa de que la Consejería de Salud y Familias está trabajando en la puesta en marcha de un nuevo Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz. Entre las medidas de mejora previstas se incluye la introducción de líneas de investigación, orientadas a aclarar las causas y a conocer los factores predictivos de situaciones de agresividad en pacientes, sus acompañantes o familiares que permitan identificar situaciones de riesgo potencial. Además, propicia medidas de prevención y concienciación.
Todo ello considerando que el sistema sanitario público de Andalucía debe profundizar en el respeto del ejercicio de los derechos que tienen reconocidos los usuarios, pero también, de forma recíproca, debe exigírsele a éstos el cumplimiento de sus deberes. Entre ellos está hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto, en aras de la mejora de las relaciones entre los ciudadanos y los profesionales de la salud.
El hospital también recuerda que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada ya como delito de atentado por los tribunales de justicia, dictándose sentencias en esta línea que conllevan el castigo a los agresores con penas de uno a tres años de prisión.
