Redacción. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo posibilitará un total de 3.089 menores de 30 años pueda ser contratado por los ayuntamientos de la provincia en proyectos sociales tras destinar 10,9 millones de euros a la iniciativa Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo Joven del Programa Emple@Joven. En concreto, los consistorios onubenses han solicitado un total de 104 contratos del grupo de cotización 1, 179 del 2, 1.110 del 3 y 2.696 del 4 al 10, teniendo que realizarse los primeros antes del 31 de octubre.
Según ha recordado el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Eduardo Muñoz, durante la presentación del plan en Aracena, este programa forma parte de un nuevo conjunto de medidas para reactivar la inserción laboral juvenil, facilitar a los emprendedores la constitución gratuita de empresas y combatir el desempleo, que se suman a los planes de choque que la Junta de Andalucía desarrolla para paliar los efectos de la crisis económica sobre los colectivos sociales más vulnerables.
El programa tiene como objetivo promover la contratación de las personas procedentes de estos planes individualizados en obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, distintos de los que realiza regularmente el personal de la Administración local. La Junta sufragará el 100% del coste salarial y de Seguridad Social en los contratos que realicen los ayuntamientos, de un máximo de seis meses de duración y tanto a jornada completa como parcial del 50%.
Como medida de equilibrio territorial y de fomento económico y del empleo, el programa ha distribuido la totalidad de las ayudas entre los municipios atendiendo a su peso poblacional y al porcentaje de jóvenes desempleados. Así, el 50% del total se reparte entre los municipios en función de esta tasa en cada uno de ellos respecto del total provincial y el 50% restante en función de la población. Además, se garantiza una ayuda mínima de 10.200 euros a los de menos de 1.000 habitantes.
En el proceso de selección tendrán preferencia las personas desempleadas de larga duración (inscritas como demandantes al menos doce meses ininterrumpidos) que estén empadronadas en el municipio donde se realiza el proyecto y, de no haberlas, otras desempleadas de la localidad o, en su defecto, otros parados de larga duración de la provincia. Los ayuntamientos deberán presentar la oferta de empleo ante el SAE, que le proporcionará tres personas candidatas por cada puesto de trabajo ofertado. Los contratos deberán estar finalizados el 1 de mayo de 2015.
Las obras y servicios incentivados deberán realizarse en régimen de administración directa y estar vinculados a alguna de las siguientes actividades: cuidados asistenciales; prestación de la ayuda a domicilio; servicios de proximidad, limpieza, vigilancia y seguridad; protección del medio ambiente y de zonas rurales o naturales; revalorización de espacios públicos; gestión de residuos y aguas; ahorro energético, y promoción del turismo, el deporte, la cultura y el comercio y los productos locales.
