Redacción. Siete de cada diez casos atendidos por los equipos de tratamiento familiar de Huelva, en concreto el 70,37% de sus intervenciones, concluyeron con los objetivos propuestos de preservar la integridad familiar de los menores o que éstos regresaran a sus familias de origen tras haberse decretado previamente una medida de protección. Ésta es una de las principales conclusiones de la memoria del año pasado del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Riego en la provincia, que hoy ha sido presentada por el director general de Personas Mayores, Infancia y Familias de la Junta de Andalucía y la delegada territorial del ramo, Ángel Acuña y Lourdes Martín, respectivamente.
En 2013 también se ha alcanzado el menor porcentaje de derivación de casos para la adopción de una medida protectora en los últimos cuatro años: sólo en el 3,39% de las actuaciones, por debajo del 4,26% de 2012, el 8,82% de 2011 ó el 13,34% de 2010.
Según se desprende de la memoria, la mejora en los resultados de esta prestación se ha producido en paralelo al incremento en su capacidad de cobertura. Así, el año pasado accedieron a la misma 781 menores y 413 familias, un 30% más que en 2010.
El Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Riego está coordinado por el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la delegación del ramo y forma parte de las estrategias de la Junta dirigidas a promover los derechos y el desarrollo integral de los menores, a la vez que apoyar a los padres para que cumplan de forma positiva la función parental y den una respuesta satisfactoria a las necesidades de los niños a su cargo.
Su carácter es fundamentalmente preventivo y tiene una doble finalidad: por un lado, potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal desarrollo, suprimiendo aquellos factores que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del niño de su entorno tras decretarse una situación de desamparo. Y, por otro lado, promover, cuando sea posible, la reunificación familiar de menores sobre los que se ha adoptado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron. Así, se divide en dos subprogramas: de riesgo y de reunificación familiar.
Con ello, ha resaltado la delegada territorial del ramo, Lourdes Martín, “el Gobierno andaluz ratifica su compromiso de ofrecer una atención integral a la población infantil y que ésta pueda disfrutar de un ambiente familiar normalizado, sobre todo en el periodo de dificultad económica en que nos encontramos en la actualidad”.
Colaboración entre administraciones. El desarrollo del programa se materializa gracias a la firma anual de convenios de colaboración entre la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y las siete corporaciones onubenses con competencias en este ámbito: los ayuntamientos de Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte y Moguer –todos ellos con más de 20.000 habitantes-, así como la Diputación, que presta cobertura a los municipios con menos de 20.000 habitantes. Dichos convenios van acompañados de una subvención de la Junta que el año pasado fue de 1.225.935 euros y que supone el 73% del coste total de su aplicación.
Esta inversión va destinada a sufragar los 12 equipos de tratamiento familiar (ETF) que se encargan de llevar a cabo el programa y efectuar las intervenciones. Se trata de unos equipos que están integrados por un total de 38 profesionales, entre los que se encuentran psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociofamiliares.
Otros resultados reseñables. Durante 2013 se ha registrado el mayor número de casos cerrados por los ETF en los últimos cuatro años: 162, 24 más que en 2012. Por su parte, la cifra de nuevos casos que se han incorporado al programa se ha situado en 157. El principal motivo por el que ha concluido la mayoría de las intervenciones tiene que ver con la consecución de los objetivos fijados de tratamiento del riesgo social o reunificación familiar.
Además del aumento de los beneficiarios y la reducción de las medidas de protección, en la memoria se pone de relieve otro resultado a remarcar que ha obtenido el programa como es el avance favorable en la reunificación familiar. En este sentido, los casos cerrados tras conseguir el objetivo de recuperar la convivencia de los padres con sus hijos han alcanzado el 69,23%, el doble del 34,62% que se obtuvo en 2011. También destaca la disminución progresiva del porcentaje de asistencias que no finalizaron satisfactoriamente: un 30,77% frente al 41,67% del año anterior y el 57,69% de 2011.
Igualmente reseñable es la disminución en los tiempos de respuesta de los ETF, que en el 82,29% de sus actuaciones dentro del subprograma de riesgo han finalizado su intervención en un tiempo de intervención inferior a los 18 meses. En cuanto al subprograma de reunificación se han logrado aumentar los casos con una intervención inferior a los 24 meses: el 92,31% en comparación con el 84,18% de 2012 y el 69,24% de 2011.
Perfil de los usuarios. Las familias destinatarias del programa presentan por lo general alguna de las siguientes características: tienen menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social; son monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social; en su seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y tienen hijos sobre los que se ha adoptado una medida de protección previamente y existen posibilidades de retorno.
En relación a los menores atendidos, tanto en el ámbito de riesgo social como de reunificación social presentan una media de edad de 12 años. La cantidad de niños por cada familia o unidad de convivencia atendida ha sido aproximadamente de dos.
Las familias y menores participantes en el programa vienen derivados de los servicios sociales comunitarios o del Servicio de Protección de Menores.
