Redacción. La Consejería de Justicia e Interior va a eliminar 87.535 expedientes judiciales antiguos, guardados en 2.089 cajas, con el objetivo de liberar espacios en los archivos de los juzgados de la provincia de Huelva y acabar con su saturación, según el acuerdo adoptado por la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la destrucción selectiva de aquella documentación carente de valor de los órganos judiciales de la comunidad.
Estos expedientes se unen a los 22.708 que ya se destruyeron en una primera fase procedentes de los juzgados onubenses, con lo cual serán ya más de 110.000 los archivos judiciales que van a ser eliminados en esta provincia.
Los expedientes que van a ser destruidos próximamente corresponden a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los años 70, 80 y 90 y proceden de los juzgados de Instrucción número 1, 2, 3 y 4 y el número 6 de Primera Instancia de la capital onubense, así como del juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Ayamonte, y el número 1 de La Palma del Condado.
La primera destrucción masiva de esta documentación judicial carente de valor se llevó a cabo en seis provincias, entre ellas la de Huelva. Ahora, la eliminación de estos archivos se va a extender a todas las provincias andaluzas, tras el último acuerdo de la Junta de Expurgo.
Esta destrucción selectiva de documentación judicial ha sido fruto del acuerdo de la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser eliminada o conservada, garantizando siempre la confidencialidad de los archivos. La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.
