Redacción. Investigadores de diversas universidades andaluzas, especialistas en gobernanza y transparencia, liderados por el profesor Antonio Montaño, de la Universidad de Huelva, detectan en Audiencias Provinciales, de tamaño reducido, como el caso de Huelva, un nivel de revocación o rectificación de sentencias recurridas muy inferior a los de los casos de capitales como Madrid, Barcelona o Sevilla, de mayor tamaño. Esta diferencia los expertos consultados en el estudio lo achacan al corporativismo judicial, repitiéndose: “nadie quiere enmendar el trabajo a un compañero”.
La investigación, que se encuentra en fase inicial, tiene una metodología múltiple: En primer lugar, mediante la revisión de las sentencias que una vez recurridas son rectificadas por la Audiencia Provincial, así como mediante un método Delphi ciego, de entrevistas y percepción de profesionales del ámbito objeto de estudio.
Los primeros resultados, son desesperanzadores para los derechos de los ciudadanos, ya que apuntan que el número de sentencias que, una vez recurridas, son modificadas por ésta son muy inferiores debido, según los expertos, al elevado corporativismo entre la clase judicial, incluso en detrimento de la aplicación de los derechos de los individuos.
Así, se han detectado en los primeras revisiones sentencias en las que el juez instructor de las audiencias provinciales aplicaba un “copia pega” con párrafos de casos y sentencias totalmente distintas, otros casos en las que la inoperatividad por la lentitud del funcionamiento de los propios juzgados han dañado los derechos de los encausados. También casos en los que se han cometido errores judiciales vulnerando los procesos y las gestiones de los enjuiciados, valoraciones de pruebas e incluso informes de preceptos legales que no se corrigen por la Audiencia.
Este estudio, que será publicado a su finalización, en colaboración con ONG´s internacionales que defienden los derechos humanos, con el objetivo de lograr el aseguramiento de los derechos de los ciudadanos y la mejora de los servicios públicos de justicia y será depositado ante el Defensor de Pueblo.
