Redacción. El Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva ha absuelto a dos exalcaldes de Almonte, Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP), y a otras 13 personas, administradoras todas ellas de explotaciones agrícolas, que fueron juzgadas el pasado mes de marzo por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por extracción ilegal de aguas subterráneas causando «riesgo de perjuicio grave» al equilibrio de los sistemas naturales del espacio natural de Doñana y, subsidiariamente, de un delito de usurpación-distracción de aguas.
En la sentencia notificada este jueves a las partes personadas en el procedimiento, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huelva, el magistrado absuelve a los quince acusados –los dos exalcaldes como cómplices y el resto como coautores del delito referido– y a siete entidades vinculadas a éstos últimos, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.
El juez considera probado que el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), organismo autónomo de la Junta de Andalucía adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, firmó entre 1996 y 2006 varios convenios con el Ayuntamiento de Almonte para la realización de una experiencia de introducción de técnicas de cultivo de fresa compatibles con el medio ambiente y para la realización de experiencias para el fomento de la agricultura y ganadería ecológicas en el marco de la sostenibilidad.
Para ello, el IARA cedió al Ayuntamiento unas hectáreas de terreno determinadas en el paraje Matalagrana, que forma parte del Espacio Natural de Doñana.
Así, los convenios tenían como objetivo que las parcelas se destinaran a la explotación agraria, considera probado el juez, que añade que, en cumplimiento de dichos convenios, el Ayuntamiento de Almonte, «como mero intermediario», firmó con la Asociación de Agricultores de Matalagrana sendos convenios mediante los cuales cedía las hectáreas de tierra previamente convenidas con el IARA para su explotación a cambio del pago de un canon que dedicaba exclusivamente a arreglar los caminos de acceso y actuaciones similares.
En los citados convenios, «se hablaba del uso de técnicas no agresivas con apoyo mínimo de riego» y «se encomendaba al Ayuntamiento el seguimiento y vigilancia de los cultivos», según indica la sentencia fechada este jueves 23 de diciembre.
De este modo, el juez asegura que los 13 acusados como administradores de diferentes explotaciones agrícolas de la zona, en ejecución de los convenios aludidos, hicieron uso de los sondeos para la extracción de agua del acuífero 27 ‘Almonte Marismas’ para regar sus respectivas explotaciones «en la creencia de que eran legales porque los mismos contaban con las autorizaciones correspondientes».
Apuntando, asimismo, que «porque lo hacían bajo el amparo de la actuación de las administraciones competentes en materia de aguas y medio ambiente, sin alterar el balance hídrico del acuífero y sin generar un riesgo de daño grave sobre el espacio protegido de Doñana, así como sobre las especies que alberga y sus hábitats».
De su lado, y según agrega el magistrado en la sentencia, los dos exalcaldes investigados, en su condición de primeros ediles de la localidad de Almonte, «carecían de competencias para ordenar a los acusados la suspensión del riego y la clausura de los sondeos», por lo que «no pudieron realizar comportamiento alguno que pudiera favorecer una supuesta extracción ilegal de aguas».
En el juicio, la Fiscalía solicitó para los dos exalcaldes un año de cárcel y el pago de una multa de 2.160 euros, así como seis meses de inhabilitación especial para profesión/oficio relacionado con la agricultura, mientras que los administradores de las explotaciones agrícolas se enfrentaban a dos años de prisión, multa de 7.200 euros, e inhabilitación especial para profesión/oficio relacionado con la agricultura durante un año.
EL JUICIO
El juicio contra los agricultores y contra los dos exalcaldes de Almonte comenzó el pasado 16 de marzo en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Huelva y tuvo una duración de dos semanas. Durante el mismo, los abogados de la defensa solicitaron la absolución de sus representados al considerarlos «víctimas» de una actuación «negligente» de las administraciones central y autonómica, así como todos los acusados se declararon «inocentes».
Así, tras varios días de sesión, el Ministerio Fiscal presentó sus conclusiones con una modificación en su escrito de acusación en el que, si bien mantenía en esencia el inicial, sí rebaja la petición de penas para los agricultores a dos años y a uno para los exalcaldes, que pasarían de responder en concepto de «cooperadores necesarios» a «cómplices».
Durante la celebración del mismo los agricultores defendieron el uso legal del agua de los sondeos de las fincas que trabajaban, señalando que el convenio con el Ayuntamiento de Almonte recogía el uso y explotación de las fincas y que estaba autorizada la extracción del agua de los sondeos realizados en los años 70, así como subrayaron que el problema con estas extracciones derivaban de «errores administrativos».
Asimismo, los acusados señalaron «no comprender» que si se estaba cometiendo algún tipo de ilegalidad, «se llevara a cabo una ampliación del convenio de Matalagrana en el año 2007», apuntando que desde el Ayuntamiento de Almonte se remitieron escritos a la CHG y a la Junta de Andalucía «señalando los errores cometidos» con respecto a los sondeos.
Por su parte, los exalcaldes de Almonte defendieron que el Ayuntamiento era un «simple intermediario» entre la Junta de Andalucía y los agricultores a los que se les concedió parcelas de cultivo en la finca Matalagrana, al tiempo que recordaron que el Consistorio «no tiene competencias en materia de aguas».
Al juicio acudieron como testigos y peritos agentes del Seprona de la Guardia Civil, el promotor del proyecto de agricultura ecológica en Almonte, Francisco Casero, el que fuera delegado de Agricultura de la Junta en Huelva desde el año 2000 al 2008 y, posteriormente, delegado de Medio Ambiente (2008-2011), Juan Manuel López y peritos de la Fiscalía de Sala y Medio Ambiente que participaron en la investigación.
También testificaron peritos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), así como el actual director conservador del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano, y el que fuera el director desde 2007 a 2013, Juan Carlos Rubio, entre otros.
Precisamente, Castellano, señaló que no se ha identificado dentro del parque «afecciones concretas» vinculadas a la zona de Matalagrana, como así lo consideraba la Fiscalía, así como que casi todos los informes sobre Doñana señalaban que los problemas se plantean «fuera del Espacio Natural».
Por su parte, la Fiscalía sostenía que «nunca se ha perseguido a un sector, sino hechos concretos» que entendía que «tienen repercusión penal», al tiempo que mantenía que el sistema «ha fallado», porque cuando la Fiscalía tiene que intervenir «es que todo lo demás ha fallado».
Asimismo, señalaba que los convenios firmados entre Junta y agricultores, con la intermediación del Ayuntamiento de Almonte, «no decían explícitamente que se autorizara a la extracción de agua» y que este convenio en sí mismo «no lo autorizaba», así como que los datos aportados por los agricultores sobre el uso del agua entre los años 2009 y 2012 «dicen que estaban usando más agua de la necesaria».
Con respecto al riesgo de «grave afección» al acuífero de Doñana y del equilibrio de su sistema, el Ministerio Fiscal apuntó que se trataba de «un delito de riesgo y no de resultados».
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