Redacción. El Departamento de Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, decomisó en la provincia de Huelva un total de 47.679,7 kilos de productos pesqueros en 2020.
En el segundo semestre de 2020 se incautó un 96% más que en el primer semestre del mismo año, cuando se incautaron 16.291,7 kilos. “Las actuaciones siempre han contemplado la proporcionalidad y salvaguarda de los intereses del sector, población en general y protección de los recursos pesqueros”, ha asegurado el delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, Álvaro Burgos. Al mismo tiempo, ha realizado un llamamiento: «Si no se adquieren inmaduros y especies prohibidas, no se pescarán. Sí no se compra en la venta ambulante ilegal, esta se erradicará. Sí se exigen garantías de la procedencia del pescado, se respaldará su correcto etiquetado con toda la información relativa al mismo».
Entre los productos incautados destacan los boquerones (11.312 kilos), seguidos de chirlas (8.472 kilos), pulpos (5.308,4 kilos), chocos (3.640,7 kilos) y coquinas (3.002 kilos). En cantidades inferiores se intervinieron almejas japonesa (2.362,8 kilos) y sardinas (1.146 kilos), además de merluzas, bacaladillas, cigalas y langostinos, entre otras especies en menor medida.
La mayor incautación se produjo en una partida de 8.846 kilos de boquerones, los cuales fueron intervenidos en la localidad de Punta Umbría en un camión isotermo sin pasar por los controles reglamentarios en los centros oficiales de primera venta. También se procedió a la inmovilización de 11 embarcaciones por diversas infracciones. Inspección Pesquera también presta especial atención al furtivismo del marisqueo a pie que existe en la provincia, en diferentes operativos realizados conjuntamente con la Unidad del Seprona de la Guardia Civil.
Del total de kilos incautados, un total de 14.143,8 kilos fueron devueltos al mar, sembrados en bancos naturales, 7.268,4 kilos fueron destruidos porque no estaban aptos para el consumo humano y 26.267,5 kilos fueron entregados a entidades benéficas, tales como Banco de Alimentos de Huelva, Asilo de Ancianos Santa Teresa Jornet, Cáritas, Congregación Hermanas de la Cruz de Huelva, de Moguer y de La Palma del Condado, comedores sociales de Isla Cristina, Lepe, Cartaya y Ayamonte, Cruz Roja Huelva, Asociación Arrabales, Hermandad del Rocío de Huelva.
En el Departamento de Inspección Pesquera en Huelva se han levantado un total de 440 actas, de las cuales 253 han sido propuestas para sanción. Las incumplimientos más comunes se refieren a la comercialización de productos pesqueros en cuanto a los requisitos de trazabilidad, etiquetado, higiene o información al consumidor. Asimismo, también se procedió a la incautación de productos procedentes del ejercicio de actividades de pesca sin disponer de licencia, parte de ella asociada a la práctica del marisqueo a pie y de embarcación; actividades de pesca en fondos o caladeros prohibidos; pesca en periodos y épocas no autorizadas; y captura, transporte o venta de pescado inmaduro por no alcanzar la talla reglamentaria.
Álvaro Burgos ha afirmado que las operaciones de Inspección Pesquera velan «por el cumplimiento de la normativa vigente, lo que conlleva tanto la protección de la sostenibilidad y la preservación de nuestros caladeros, fundamentales para mantener estos recursos en el futuro».
En palabras del delegado territorial, “este año sobresalen los 7.268,4 kilos detectados por la Inspección que no se encontraban actos para el consumo humano, y que fueron destruidos”. Asimismo, Burgos pone el acento en “la labor de seguridad alimentaria, fundamental para los ciudadanos y la tranquilidad de consumir un producto seguro desde el punto de vista alimentario». En esta línea, varios operativos se centraron en detectar partidas de moluscos con toxinas, muy perjudiciales para la salud. “Se realizaron con total celeridad y eficacia, retirándolos de la comercialización, pero es muy importante la concienciación de toda la sociedad ante el grave problema del marisqueo ilegal, tanto para la sostenibilidad ambiental del caladero y de la propia actividad económica como para la salud pública”, ha manifestado el representante de la Junta.
Burgos, por otro lado, ha recordado el convenio que el Departamento mantiene con el Ministerio del Interior, para poner en valor la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de agentes adscritos a los puestos de Isla Cristina, Ayamonte y Lepe de la Guardia Civil, y de la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, en las intervenciones realizadas por la Inspección Pesquera.
