Redacción. La secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia, Nuria Gómez, junto al delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Alfredo Martín, han presentado hoy en Huelva el Proyecto de Ley contra el fraude, la corrupción y protección de la persona denunciante, que prevé la creación de la Oficina contra el fraude adscrita al Parlamento y “dar garantías a las personas que detecten, dentro del servicio público que prestan, una intención de abuso de poder”. Según ha explicado Gómez, se trata de que “sientan el respaldo” frente a las “represalias que en el pasado han sufrido muchos de estos denunciantes”, con una norma que asegura su confidencialidad, asistencia jurídica y psicológica y, en el caso de los empleados públicos de la Junta, el derecho a ser trasladados a otros puesto del mismo nivel mientras dura la investigación, reservándoles el suyo de origen.
El Proyecto de Ley ya ha superado el debate de totalidad sin que ningún grupo parlamentario haya presentado enmiendas totales, y según ha detallado la responsable de Regeneración de la Consejería que dirige Juan Marín, la Comisión parlamentaria ha decretado su tramitación de urgencia por lo que la Mesa de la Cámara ya ha aprobado la lista de agentes socioeconómicos y expertos a los que citará para recoger sus aportaciones al texto. Así, el próximo 19 de abril comparecerán responsables de los sindicatos y empresarios, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, asociaciones de denunciantes y expertos universitarios.
“La intención es que la ley pueda ser aprobada después del verano y la voluntad de poner en marcha la Oficina este año es firme, por lo que la Consejería ha reservado en el Presupuesto de 2021 una partida para ello de más de 200.000 euros”, ha relatado Gómez.
Para la secretaria de Regeneración, la adscripción de la Oficina contra al fraude al Parlamento garantiza que será “totalmente independiente del Gobierno de turno”, ya que su director será elegido por la Cámara entre personas de reconocido prestigio y estará formada por funcionarios de carrera que tendrán la consideración de autoridad pública.
“El objetivo es recuperar la confianza perdida por el ciudadano en las instituciones”, ha defendido. Para Gómez también es un paso importante la protección del denunciante ya que “muchas personas no han actuado por miedo a represalias y aquellos que lo han hecho han sufrido situaciones bastante críticas”.
La secretaria general de Regeneración ha señalado que “además de investigar, prevenir y tramitar las denuncias, la Oficina tendrá potestad sancionadora, con multas de entre 300 y 100.000 euros para infracciones, como incumplir el deber de colaboración con su labor, cualquier coacción a su personal o las denuncias falsas o tergiversadas”. Su ámbito de actuación no se limitará a la Junta y sus entes instrumentales sino que se extenderá a las entidades locales y universidades públicas, así como a personas y entidades privadas cuando hayan sido adjudicatarias de contratos públicos o subvenciones.
Modifica el régimen de incompatibilidades de los altos cargos
Además, el texto incluye una modificación de la Ley de Incompatibilidades de los altos cargos para “impedir que sean titulares o autorizados de cuentas en paraísos fiscales y legislar algo que este Gobierno ya está aplicando de facto como es apartar a cualquier encausado o condenado de su puesto en la Administración andaluza. La Oficina asumirá también las sanciones en estos casos, algo que hasta ahora hacía el Consejo de Gobierno”.
Por su parte, el delegado territorial ha recordado que este Proyecto de Ley “es una iniciativa que ya impulsó Cs desde la anterior legislatura, sin que el PSOE la llevara a cabo y que ahora desde el Gobierno hemos puesto en marcha”.
“Esperamos que esté a final de año y con esto se acabe con esta lacra que llevamos sufriendo en Andalucía desde hace tantísimo años y que nos ha tenido en la picota de la corrupción y a nuestra comunidad en un sitio que no se merece”, ha subrayado.
