Redacción. El aumento de las temperaturas globales está causando estragos en todo el mundo, sobre todo en las poblaciones que menos contribuyen al aumento de las emisiones contaminantes. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido que el cambio climático «plantea una amenaza inmediata y de gran alcance para las personas y comunidades de todo el mundo y tiene implicaciones para el pleno disfrute de los derechos humanos». Esto plantea una deuda climática que debe ser reconocida y abonada por los responsables a las víctimas que genera el cambio climático.
En el Día Internacional contra el Cambio Climático, Alianza por la Solidaridad-Action Aid alerta de la necesidad de abordar la falta la financiación para paliar los daños causados por el cambio climático, un asunto que en la última COP25 celebrada en Madrid quedó a la espera de acuerdo, mientras millones de personas en los países en desarrollo están viéndose ya afectadas por los impactos que generan catástrofes climáticas, cada vez más intensas, y cambios en los ciclos de lluvias que afectan a cultivos básicos para su supervivencia.
La organización recuerda que no hay un mecanismo de mercado con un enfoque centrado en los derechos humanos que permita abordar cómo se financian las pérdidas y los daños asociados con los impactos adversos del cambio climático, dado que las opciones que existen devuelve la carga financiera a los países en desarrollo y no permiten la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones participativa que incluya de manera significativa a las comunidades más vulnerables.
Alianza por la Solidaridad-Action Aid defiende que dejen de financiarse desde los presupuestos nacionales a los combustibles fósiles, a través de subvenciones estatales, un dinero que a nivel global asciende según una investigación de Action Aid a 300.000 millones de dólares. Está cantidad, así como impuestos por causar daños climáticos deberían formar parte del Fondo de Pérdidas y Daños, junto con el gravamen a las transacciones financieras, conocido como ‘Tasa Tobin». Ello acabaría con la paradoja de que los gobiernos ayuden a la producción de combustibles contaminantes y a la vez declaren su compromiso con la mitigación, la adaptación y la reparación de las pérdidas y daños asociados a los efectos adversos del cambio climático, que sumados a los efectos de la crisis del COVID-19 está aumentado exponencialmente los índices de pobreza.
Según el Centro de Investigación de Epidemiología y Desastres de la ONU, entre el año 2000 y 2019 ha habido 7.338 eventos catastróficos, perdiéndose en ellos 1,2 millones de vidas y afectando a 4.200 millones de personas, a algunos en más de una ocasión, lo que supuso pérdidas por valor de 2.970 miles de millones de pérdidas. De estos eventos, 6.681 estuvieron relacionados con el clima, el doble que en los 20 años anteriores. En concreto, se ha duplicado en número de inundaciones y de grandes tormentas.
En cuanto a cuantas personas tuvieron que migrar debido a los impactos del cambio climático, algunos estudios del Banco Mundial indican que rondan los 100 millones. Las migraciones se dan desde lugares donde hay más exposición a los riesgo del cambio climático a otros donde el riesgo es menor. Es evidente que los migrantes, gracias a las remesas que envían, colaboran en reducir la desigualdad en sus países de origen, lo que hace disminuir la necesidad de migrar para huir de impactos del cambio climático.
Para saber cuánto correspondería pagar a cada país en este ‘fondo de pérdidas y daños’, se calcularía la cuota de responsabilidad de cada país basándose en las contribuciones históricas de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de su capacidad para tomar medidas climáticas, en función del ingreso nacional. En función de ambas variables, la UE debería costear el 23,9% del total.
Según las estimaciones del coste económico en pérdidas y daños en los países en desarrollo, el fondo debería contar con 45.300 millones de euros para 2022, que aumentarían a 272.000 millones en 2030, a través del mencionado Mecanismo Internacional de Pérdidas y Daños de Varsovia (WIM).
Las mujeres africanas, prioridad
Para Alianza por la Solidaridad, el trabajo con mujeres es una prioridad en las zonas más impactadas por el cambio climático. Es el caso de África, donde la ONG mantiene proyectos innovadores de agroecología con cooperativas de mujeres en Senegal, Gambia o Mauritania. Se trata de que las mujeres consigan la titularidad de la tierra y puedan acceder a agua suficiente mediante el uso de energías renovables.
En Mauritania, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Valencia, se está trabajando para que más de 2.000 mujeres puedan acceder a estos títulos y a la vez aumentar la productividad, pese a las dificultades climáticas de vivir en un país prácticamente desértico: en la zona de trabajo, el sur del país, han tenido dos años de sequía seguidos, en el pasado mes de septiembre, por una temporada de lluvias torrenciales que han provocado grandes inundaciones y graves pérdidas. «Este es sólo un ejemplo de lo que ya está pasando a millones de personas y por ello es fundamental que reciban ayuda continua y suficiente para la reconstrucción de sus medios de vida», señala Ana Rosa Alcalde, directora de Alianza
