Redacción. Empleo, educación y sector agrícola son los temas de las tres mociones que el grupo socialista en la Diputación de Huelva presenta al Pleno ordinario del organismo provincial que se celebrará el próximo miércoles, en sesión ordinaria. El portavoz del equipo de gobierno en la Diputación, José Fernández, ha dado a conocer hoy, en rueda de prensa, las tres iniciativas que los socialistas elevarán al pleno para su aprobación.
Por lo que respecta al empleo, el grupo socialista presenta una moción en la que pide a la Junta de Andalucía que convoque “de forma inmediata” los Planes de Empleo que se venían convocando desde 2015 y que supondrían 18 millones de euros para Huelva y unos 1.900 contratos. Según ha recordado el portavoz socialista, “las tres ediciones anteriores puestas en marcha por el gobierno socialista de la Junta supusieron una inversión de aproximadamente 50 millones de euros en la provincia de Huelva y generaron unos 6.000 puestos de trabajo”.
En la moción también se pide a la Junta de Andalucía una aportación especial para que los ayuntamientos recuperen los recursos que tuvieron que poner por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los Planes de Empleo que se estaban ejecutando en ese momento. Fernández ha recordado que los ayuntamientos hicieron los proyectos y eligieron los contratos y la duración de los mismos, y al cambiar el SMI “solicitaron a la Junta cambiar la duración de esos contratos, algo que la Junta no permitió”, con lo que los ayuntamientos tuvieron que poner dinero de sus propios recursos para poder complementar el salario de los trabajadores de los Planes de Empleo.
Otra de las mociones socialistas sale en defensa de la educación pública y contra el Decreto 21/2020 de la Junta de Andalucía por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.
Se trata, según la iniciativa, de “un Decreto que es una amenaza real y un ataque sin precedentes a la enseñanza pública en Andalucía y al papel que debe desempeñar el sistema educativo en la cohesión social. Que no busca la libertad de las familias a elegir colegio, sino favorecer el negocio de la educación concertada”. Los socialistas manifiestan su rechazo ante la forma y el fondo en la elaboración y la finalidad seguida con este Decreto y piden la retirada del mismo. La tercera de las mociones del grupo socialista es en defensa del sector agrícola y para ello presentan una iniciativa que propone 20 medidas para garantizar las rentas de los agricultores y ganaderos andaluces y la rentabilidad de sus explotaciones.
Aunque la moción, en la que se aboga por el diálogo y el consenso entre todas las administraciones para buscar soluciones, recuerda que el Gobierno de España ya ha anunciado importantes modificaciones en la Ley de la Cadena Alimentaria, propone al Pleno como primera medida “instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que ambos, en el ámbito de sus competencias, impulsen los cambios administrativos y normativos necesarios para fortalecer la transparencia en las relaciones comerciales y doten así al mercado de una mayor eficiencia”.
En relación con la Política Agraria Común de la Unión Europea (PAC), la iniciativa socialista plantea que Junta y Gobierno de España “demanden una PAC capaz de aumentar el peso de los productos en la cadena de valor, facilitando normas que mejoren la organización colectiva de los agricultores y establezca un marco jurídico sobre competencias y cadena alimentaria, con reglas del juego claras y uniformes a escala comunitaria”.
La moción socialista también propone, entre otras medidas, instar al Gobierno de España a que “garantice la reducción de las peonadas necesarias para la percepción de las prestaciones por desempleo, de 35 a 20 peonadas; y al Consejo de Gobierno de la junta de Andalucía a poner en marcha actuaciones para “el control de la trazabilidad de los productos agroalimentarios (control de etiquetado, control de calidad), para así garantizar que las producciones de terceros países no obtengan ventajas competitivas en detrimento de la calidad, con respecto a nuestros productos y que pudieran repercutir negativamente en los consumidores”.
