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El campo onubense se moviliza el 5 de marzo en defensa del sector

Asaja-Huelva, Cooperativas Agro-alimentarias y Freshuelva se unen para mostrar a la sociedad la insostenible situación del campo onubense y para exigir a la clase política que actúe contra los graves problemas que amenazan al sector primario.

Movilización en el campo.

Redacción. El campo no aguanta más, lleva hundiéndose mucho tiempo con el único sostén de sus profesionales, que llevan años luchando denodadamente contra todos los ataques del que es víctima sin que nadie en la administración acabe de tomar cartas en el asunto. Por este motivo, la agricultura, la ganadería y el sector forestal onubense se movilizarán el próximo 5 de marzo, cerrando el calendario de protestas consensuadas en Andalucía por el momento.

La movilización está organizada por Asaja-Huelva y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en Huelva, que están perfilando los pormenores de una protesta a la que esperan que se sume todo el agro onubense y por supuesto, contar con la participación y la solidaridad de toda la sociedad de Huelva, mayoritariamente afectada por las causas de la ruina del sector agrícola, un sector del que, al fin y al cabo, participa una parte muy importante de la población de nuestra provincia.

La alarmante e insostenible situación del sector agrario no tiene un único causante, por más que el Gobierno haya encontrado en los bajos precios en origen una salida ideal para distraer la atención del sinfín de motivos que han provocado la situación actual, algunos, causados por él mismo. Por supuesto, los bajos e injustos precios con los que se paga al agricultor y al ganadero su producción constituyen un gravísimo problema, y encontrar una solución para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria es muy deseable, pero no es ni remotamente el único.




A nivel general, el sector agrario lleva años batallando para sobrevivir a pesar de la proliferación de acuerdos comerciales con países terceros que inundan sin control nuestros mercados de productos de baja calidad que incumplen la legislación laboral y sanitaria europea, a la que sí tenemos que ceñirnos en España. También nos afectan los aranceles con los que otros países se vengan de España por apoyos a otros sectores, convirtiendo al agro en una víctima de algo con lo que ni siquiera tiene que ver. La insoportable fiscalidad de insumos y bienes de producción y la subida constante de impuestos a elementos imprescindibles para la tarea agrícola como el gasóleo, la excesiva carga burocrática que se incrementa año a año con nuevas disposiciones, la incertidumbre por el futuro de la PAC, la práctica ausencia de ayudas que contribuyan a amortiguar el terrible impacto de circunstancias como la sequía, el retraso injustificado en la ejecución de las infraestructuras hídricas y de transportes, que sitúan a Huelva en el furgón de cola a nivel europeo y que coartan permanentemente la competitividad de las empresas productoras e incluso ponen en riesgo su viabilidad…

A todo esto hay que sumar, en el último año, la descomunal y populista subida del SMI, que está poniendo en riesgo a cientos de explotaciones en toda Andalucía, y que en Huelva, donde predomina un tipo de agricultura que precisa de una gran cantidad de trabajadores, amenaza con dejar en la cuneta a las empresas y también a todos los que trabajan para ellas, y que contribuyen, juntos, a mantener la población, el desarrollo y la riqueza en el medio rural. El Gobierno no ha calibrado que una subida del 30%, -a la que hay que sumar los consiguientes gastos sociales-, no podía ser asumida en igualdad de condiciones por todo el tejido empresarial del país.

Como se ve, no se trata sólo de una crisis de precios. Se trata de una crisis integral, de una situación absolutamente límite que precisa de una respuesta contundente a la que Asaja-Huelva y Cooperativas Agro-alimentarias esperan que se sumen todo el sector por medio de las organizaciones y asociaciones agrarias que existan en la provincia, así como concienciar a la ciudadanía de la importancia de sus reclamaciones. Es precisamente a la sociedad a la que, además de apoyo, pide comprensión ante las posibles incomodidades que pueda provocar una protesta, de la que se darán más detalles en los próximos días.

Freshuelva. Freshuelva ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se extremen los controles y que se cumplan con las inspecciones fitosanitarias para la frambuesa y el arándano procedente de terceros países, cuya entrada masiva en Europa ha estado provocando un desplome acusado de los precios en el mercado.

Freshuelva le ha hecho llegar sus reivindicaciones al titular español de Agricultura a través de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas, Fepex, que ha participado en la reunión de Luis Planas con representantes del sector de frutas y hortalizas.

Para Freshuelva, es fundamental trasladar a la Comisión Europea la necesidad de incrementar las medidas de control de entrada a las exportaciones que llegan procedente de terceros países a la UE para que se les aplique estrictamente la legislación en materia de inspecciones.

De la misma forma, Freshuelva ha trasladado a Planas la reivindicación del sector de los frutos rojos de la provincia onubense para ser incluido en el régimen de pagos directos de la Política Agraria Común (PAC), cuya reforma se debate en la actualidad en Europa, atendiendo al promedio de hectáreas cultivadas y empleo generado por cuenta ajena y propia en el entorno rural.

En este contexto, Freshuelva ha lamentado que la reunión celebrada en el día de ayer se haya cerrado sin compromisos claros de la Administración para paliar la crisis que atraviesa el sector, por lo que su junta directiva ha decidido adherirse a la movilización que, para el próximo 5 de marzo, han convocado Asaja-Huelva y Cooperativas Agro-alimentarias.

En este sentido, considera necesario que las administraciones tomen medidas para paliar la crisis de un sector que lleva años luchando sin ayudas por sobrevivir a un mercado que le castiga con precios bajos, pero al que concurren productos que, gracias a acuerdos comerciales con países terceros, incluso incumplen la normativa laboral y sanitaria europea, a la que sí tenemos que ceñirnos los productos nacionales.








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