Redacción. Nueve jóvenes con discapacidad participan en la segunda edición del programa de prácticas laborales dirigidas al colectivo, puesto marcha en los diferentes centros y servicios dependientes de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
El desarrollo de este programa se enmarca un convenio de colaboración suscrito entre la administración autonómica y las asociaciones Vida Adulta de Personas con Discapacidad (AVADI) y Down Huelva, recientemente prorrogado.
La recepción, en la que también ha habido un reconocimiento a los profesionales de la Delegación y de ambas entidades que ejercen de tutores de los alumnos a lo largo de los 12 meses de duración del programa, se ha completado con la entrega del correspondiente certificado acreditativo a los alumnos que el año pasado lo completaron.
La principal finalidad de esta iniciativa de formación profesional para el empleo es promover la plena integración social y normalización del colectivo a través del desempeño en un entorno laboral de tareas acordes a sus capacidades e intereses, que posteriormente les sirvan para acceder al mercado de trabajo. Con ello también se persigue fomentar su autonomía y responsabilidad, desarrollar aptitudes y actitudes para el trabajo y reforzar la autoestima y competencias sociales.
Se trata de unos objetivos que forman parte de las líneas estratégicas del Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad, la hoja de ruta de la Junta de Andalucía en este ámbito, que se encuentra encaminado a la mejora de la accesibilidad de este grupo poblacional en todos los apartados de la vida: desde el empleo a la educación y la salud, pasando por la vivienda, transporte, ocio, comunicación, medio ambiente, voluntariado o atención en los servicios sociales comunitarios.
En paralelo a la aplicación del plan, el Gobierno andaluz también está ultimando la aprobación de la nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que promueve una mayor visibilidad y protagonismo de estos ciudadanos, impulsando su autodeterminación, capacitación y empoderamiento, así como el fomento de su vida independiente, el enfoque de género y la accesibilidad a las prestaciones de forma individualizada. Con ella Andalucía se vuelve a situar una vez más a la vanguardia en el conjunto del Estado español en la adopción de políticas sociales y de protección de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
