Redacción. En los encuentros de trabajo mantenidos entre la secretaria general de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Dolores Muñoz, con los alcaldes de Zalamea la Real, Marcos Toti, y de Nerva, Domingo Domínguez, además de otros representantes de ambas corporaciones municipales onubenses, la secretaria ha subrayado “los esfuerzos” que realiza la Junta en formación e información para garantizar los derechos de la ciudadanía en materia de consumo.
Asimismo, ha asegurado que la Junta “seguirá desarrollando y profundizando” en la elaboración de normas y medidas que garanticen una mejor defensa de los intereses de la ciudadanía, así como una “protección especial frente a los abusos y ataques de los más poderosos como la banca, las grandes empresas de telefonía y de otros servicios esenciales como la luz y el agua”.
Muñoz ha trasladado a los primeros ediles el trabajo que viene realizando su departamento con el fin de reforzar las garantías de las personas consumidoras y usuarias, así como prestarles una mejor asistencia en sus reivindicaciones. En este sentido, ha remarcado la fuerza del poder reivindicativo de la ciudadanía, que “sirve a la administración competente para hacerlo suyo” y de este modo “exigir y reclamar mayor implicación a los poderes públicos para que legislen a favor de las garantías, los derechos y el resarcimiento de los daños causados”.
Para ello, ha explicado que es “esencial que la ciudadanía esté bien informada y formada”, refiriéndose en este sentido a Consumo Responde, un servicio de la Junta multicanal, abierto y compartido, que facilita información, ayuda, formación y participación a las personas consumidoras, empresas, asociaciones de consumidores y entidades locales de toda Andalucía.
Muñoz ha informado también de los avances que se están produciendo en el marco complementario al Decreto de la Función Social de la Vivienda, destacando el anteproyecto de ley de protección en la contratación hipotecaria para la vivienda, que va a garantizar que las entidades financieras actúen con total transparencia. Además, la futura norma permitirá “acabar con el desequilibrio entre banca y ciudadanía y blindar los derechos de las personas consumidoras en la operación más importante de su vida”, entre otras cosas.
