Redacción. La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, y el rector de la Universidad de Huelva, Francisco Ruiz Muñoz, han firmado tres convenios de colaboración, por un valor total de 585.900 euros, para financiar proyectos de investigación aplicados a la eficiencia energética de las infraestructuras y a la garantía del derecho a la vivienda.
Los proyectos de Huelva inciden en las líneas estratégicas de acción política de la Consejería de Fomento y Vivienda. Dos de ellos abordan un elemento clave de la sostenibilidad, como es la racionalización del consumo energético aplicada en las carreteras, en un caso, y las viviendas, en el otro caso. La tercera iniciativa se ocupa de otro de los elementos centrales en la gestión de la Consejería, el acceso de las personas con menor nivel de renta y más desfavorecidas a las viviendas de titularidad pública.
“La Consejería está apurando al límite sus márgenes para destinar recursos al conocimiento”, ha señalado Cortés, que ha destacado que este “esfuerzo inversor” dedicado a I+D+i “contribuye a fortalecer y crear empleo en sectores ligados a la economía productiva”.
El primer proyecto tiene como objetivo general el desarrollo de sistemas inteligentes y autónomos de iluminación para la mejora de la seguridad en carreteras, con especial atención a las intersecciones. Entre sus objetivos específicos figuran el desarrollo de un sistema de iluminación eficiente en consumo y de bajo coste; la generación de algoritmos seguros para el control de la iluminación en intersecciones; y la obtención de un sistema de comunicación remota que informe del estado de la señalización y garantice un mantenimiento preventivo de los equipos.
El segundo proyecto consiste en la generación de un modelo de estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación del parque de edificios residenciales en Andalucía, de forma que dicha intervención se realice bajo criterios de eficiencia energética. “Pretendemos llegar un ahorro de un 20% de energía en el horizonte de 2020”, ha señalado Cortés.
El tercer proyecto implica un análisis de la intervención social que se desarrolla desde los servicios sociales andaluces con las personas que, dentro de los colectivos con menos recursos, acceden a las promociones de viviendas protegidas en Andalucía. Incluir la perspectiva de la vivienda social como servicio social de interés general puede favorecer el trabajo en red entre los servicios sociales comunitarios y los profesionales de los servicios sectoriales, como el de la vivienda, que es una de las principales competencias de la Consejería. “Las instituciones debemos todos los recursos a nuestro alcance para garantizar la efectividad del derecho a la vivienda”, ha abundado la consejera.
