Redacción. Agentes de la Policía Nacional destinados en el Grupo de Investigación la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincia de Huelva, han neutralizado un presunto entramado criminal cuya actividad principal consistía en la falsificación documental.
La actuación se ha desarrollado en el marco de la denominada Operación Carabela cuya investigación se ha prolongado durante más de un año. El detonante que determinó el interés policial estuvo motivado por los chequeos policiales que en materia de extranjería se realiza por parte del Grupo Policial encargado de esta materia. Se pudo detectar un número importante de las solicitudes realizadas por nacionales de terceros países que ya gozaban de una situación legal en España, que trataban de reagrupar a sus familiares residentes en sus países de origen, mediante la presentación de documentos falsos y/o falsificados exigidos por la legislación vigente.
Son cuatro los miembros del grupo criminal detenidos, todos ellos del mismo clan familiar, quienes a cambio de elevadas sumas de dinero gestionaban los permisos a sus compatriotas, haciéndose valer para ello de la infraestructura creada. Fruto de esta actividad se embolsaban importantes cantidades de dinero, con las que llegaron a adquirir hasta un total de siete viviendas en la localidad de Huelva, dando total apariencia de legalidad a la concesión de los permisos solicitados.
INCREMENTO PATRIMONIAL DESMESURADO
Analizadas una de las cuentas bancarias de los implicados se ha podido comprobar cómo en el periodo de estudio que va desde el 01 de enero de 2021 y el 24 de agosto de 2023, los ingresos ascienden a un montante de 236.795,49 euros, de los que tan solo poseen justificación debida un total de 37.448,31 euros que es lo que recibieron los detenidos en concepto de nóminas por las jornadas reales que desarrollan en el sector agrario y el cobro de distintas ayudas solicitadas.
Lo anteriormente mencionado y la adquisición de siete viviendas en propiedad en esta localidad, es muestra inequívoca del rendimiento obtenido por la actividad ilícita investigada.
Por todo ello se significa, que la investigación sigue abierta y que no se descartan nuevas detenciones, ya que los hechos se encuentran bajo la dirección de la autoridad judicial y de la Fiscalía especializada en materia de extranjería.