Redacción. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la enseñanza pública en la comunidad andaluza, ha denunciado el déficit de maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en el sistema educativo público andaluz, que atiendan al alumnado con necesidades de apoyo educativo.
En Huelva, el alumnado con necesidades de apoyo educativo ha pasado de 4.000 en el curso 2016-2017 a 5.500 en el curso 2022-2023, lo que supone un incremento superior al 37,5%, mientras que el profesorado especialista para atender a dicho alumnado sólo ha aumentado un 12,7%, pasando de 370 a 417 en dicho periodo.
En este sentido, CSIF señala que «no va acompasado el crecimiento de dicho alumnado con el aumento de los profesionales específicos para atenderlo, lo que pone en riesgo una adecuada atención a la diversidad, así como una atención de calidad al conjunto de los escolares de los centros educativos públicos de nuestra comunidad».
Especialmente preocupante resulta, según el sindicato, la situación en la etapa del segundo ciclo de Infantil, donde el alumnado con necesidades específicas al que atender ha subido exponencialmente sin que ello se vea acompañado de recursos suficientes para asumir dicha labor de forma adecuada.
CSIF reitera «la necesidad de un pacto de plantillas en la escuela pública y ha instado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía a bajar la cifra de alumnos y alumnas por clase aprovechando la bajada de la natalidad, en lugar de suprimir unidades en la escuela pública, que es la única universal, inclusiva y que garantiza la equidad».
«Hace falta un pacto de plantillas docentes para actuar precisamente en muchas unidades sobrepasadas, que cuentan por ejemplo con 25 alumnos y alumnas en Primaria, entre los cuales pueden llegar a encontrarse hasta siete u ocho con necesidades específicas de apoyo educativo», ha manifestado CSIF, y además ha lamentado que los profesionales de PT y AL en muchos casos sigan siendo compartidos en más de un centro escolar.
En esta línea, ha recordado que más del 70% de este profesorado comparte jornada laboral en dos y tres centros y atiende a más de 25 alumnos y alumnas de media, con un alto porcentaje que lo hace con más de 30, lo que supone una «situación preocupante que hace necesario que se incrementen sustancialmente los recursos que se dedican a este alumnado, con más orientadores y docentes especialistas en PT y AL». A este respecto, CSIF reivindica que se establezca una ratio máxima de alumnado por profesional.
No a la supresión de unidades
Para la central sindical, «la bajada de natalidad no ha de traducirse en supresión de unidades y en elevar el número de alumnos por aula en aquellas que se mantienen, cuando además el alumnado con NEAE no hace más que crecer, sino en aprovecharla como una oportunidad para hacer grupos que sean menos numerosos y con una atención más personalizada». En este sentido, el sindicato ha manifestado su disposición a trabajar con la Administración en un acuerdo de plantillas «para una mayor y mejor atención educativa a la diversidad y calidad educativa».
Igualmente, CSIF Educación reclama una mayor transparencia sobre la aplicación de los fondos europeos que vienen destinados a la escuela pública andaluza, al tiempo que avisa de que «vigilará que los recursos humanos que se han puesto en carga en este curso escolar con este tipo de fondos para atención a la diversidad, se mantengan estructuralmente en el sistema educativo público, porque ni siquiera con los que hay es suficiente», ha explicado CSIF.
Los datos de la OCDE confirman el grave diagnóstico de CSIF sobre la situación de la educación pública en el conjunto de España, por lo que la central sindical reitera su exigencia al nuevo Gobierno central de impulsar un pacto de Estado que mejore la educación pública y aporte estabilidad al sistema educativo.
Este pacto de Estado debería favorecer un aumento de la inversión educativa en centros públicos, reducción de ratios, aumento de las plantillas y una estabilidad legislativa para evitar situaciones como la paralización de la Ebau o las diferencias entre comunidades autónomas en los currículos.
