Redacción. La última reforma del Código Penal aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 20 de septiembre mediante Ley Orgánica ha sido muy bien acogida por la organización agraria Asaja-Huelva, ya que la nueva norma incluye muchas de las propuestas aportadas por la patronal al Ministerio del Interior y vendría a subsanar las carencias que el marco legal vigente había mostrado a la hora de luchar contra la tasa de delincuencia en el ámbito agrario.
La provincia de Huelva ha resultado ser una de las más afectadas por los robos y hurtos que se sucedían con cierta frecuencia en los campos, pese a que también ha sido una de las más activas a la hora de colaborar con la Guardia Civil y de hecho, desde hace algunos años desarrolla junto a la Benemérita el proyecto Sevicampo.
El nuevo Código Penal, además del agravamiento de las penas para los miembros de grupos o bandas organizadas y para los autores de incendios forestales, introduce cuatro supuestos concretos, plenamente aplicables al sector agrario y que constituyen un tipo agravado del delito de hurto que se castigará con la pena de prisión de uno a tres años.
Por un lado, el hurto de productos agrarios o ganaderos o de los medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas, sin que se precise un valor mínimo del importe de lo sustraído, sino que lo determinante es el perjuicio grave que causa.
Igualmente, se considera un delito de hurto agravado, cuando revista especial gravedad, por el valor de lo sustraído o por los perjuicios producidos; circunstancias que, desgraciadamente, vienen sucediendo con mucha frecuencia en el medio rural y que es de esperar que a partir de ahora sean tenidas en consideración por los jueces.
Respecto a los delincuentes profesionales, que también actúan en este ámbito, serán sancionados con dicha pena agravada, cuando actúen con el ánimo de proveerse de una fuente de ingresos no meramente ocasional, lo que lo convierte en un factor de reincidencia.
Finalmente, se introduce un nuevo artículo que castiga el robo de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomunicaciones, hecho que sucede muy a menudo en las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Por otra parte, se incorpora al Código Penal el art. 235 bis, que pretende dar una respuesta a la criminalidad organizada, castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión, cuando alguno de los partícipes en la comisión del delito porte un arma o instrumento peligroso o cuando se trate de un miembro de una organización criminal que se dedique a la comisión continuada de delitos contra la propiedad.
Pero además, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura han preparado un plan de choque contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, que fue presentado el 23 de septiembre y que contempla nuevas medidas y dispositivos de seguridad en 15 provincias españolas –entre ellas la provincia de Huelva, que registró en 2012 un total de 508 delitos cometidos en el campo-, como la creación de 55 equipos específicos de la Guardia Civil, aplicaciones móviles para contacto con las comandancias o el impulso a la denuncia electrónica, entre otras medidas.
Asaja-Huelva valora muy positivamente tanto el cambio del Código Penal como el refuerzo que supone el plan de choque y tiene previsto transmitir en los próximos días al subdelegado del Gobierno en Huelva sus impresiones y reiterar su más absoluta voluntad a la hora de colaborar con la Guardia Civil y poner a su disposición los medios con los que cuenta la organización agraria. En este sentido, Asaja insistirá en el impulso del proyecto Sevicampo, en cuyo perfeccionamiento deben volcarse tanto las Fuerzas de Seguridad como los propios titulares de explotaciones agrarias, que deben comunicar a la asociación los datos de sus explotaciones en pos de una mayor seguridad para sus propios bienes y del ámbito agrario.
