El Observatorio Andaluz de la Violencia de Género creará un grupo de trabajo sobre las mujeres víctimas de trata

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Redacción. El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha incrementado en el último año un 66,6% su inversión en programas para mujeres prostituidas y víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual, al pasar de los 165.630 euros en 2012 a los 276.000 euros en  2013.

Ello ha permitido subvencionar este año un total de 19 proyectos, muy por encima de los 14 financiados en 2012, por lo que se prevé superar el número de mujeres beneficiarias del pasado ejercicio, que alcanzó las 5.148 en toda Andalucía.



Estas cifras “demuestran, en un contexto económico muy complicado, la apuesta de la Junta de Andalucía no sólo por la igualdad y el mantenimiento del Estado del Bienestar, sino especialmente por la protección de las personas más vulnerables”, según explicó este lunes 23 de septiembre la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Soledad Ruiz, con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, que se celebra el 23 de septiembre. Dicha apuesta, añadió la directora, tendrá un “importante refuerzo” en los próximos meses, con la creación de un grupo de trabajo sobre explotación sexual en el seno del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, con el fin de analizar la problemática y fomentar la consideración de las mujeres prostituidas como víctimas de violencia de género, con la consecuente equiparación de derechos.

Según explicó Soledad Ruiz, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que se ha convertido en uno de los negocios ilícitos “más lucrativos después de las drogas y el tráfico de armas”, es un tipo de violencia de género, ya que afecta fundamentalmente a las mujeres. Recordó además que la trata está “estrechamente vinculada a la prostitución”, ya que es “el medio que provee del producto, mujeres y niñas, al mercado del consumo”.


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En este sentido, recordó los informes de la ONU, según los cuales “la prostitución no es un acto individual y voluntario de una mujer o de un grupo de mujeres, sino una práctica social, a la que cualquier mujer puede verse abocada de forma inconsciente por circunstancias de especial vulnerabilidad, como la extrema pobreza, las amenazas veladas, la deudas económicas, las adicciones o la dependencia psicológica”. Por ello, Ruiz incidió en la importancia de un trabajo de concienciación de la sociedad en general, y en especial de los hombres “consumidores de este mercado, jóvenes y adultos, de todas las profesiones y clases sociales”.

Asimismo, la directora del IAM instó a todas las administraciones y agentes competentes en materia de prostitución a incluir la perspectiva multicultural en todas sus actuaciones públicas, ya que, recordó, el 90% de las mujeres prostituidas es de origen extranjero.

Según el estudio sobre ‘Las Mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Andalucía’, elaborado por el IAM a través de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), el 89% de las víctimas no se reconocen como tales, a pesar de que todas ellas tienen en común el priorizar la necesidad de salir de la prostitución.

El 65% de las mujeres víctimas de explotación sexual en Andalucía han sido captadas en sus países de origen por las redes mafiosas a través de amigos, familiares o conocidos, lo que desvela que la principal forma de captación es el entorno familiar de la mujer. El perfil de la víctima es el de una mujer joven, con bajo nivel educativo (el 58% no tiene estudios o sólo primarios) y con cargas familiares (el 68% tiene hijos propios).

Por país de origen, el 36% de las víctimas de trata proviene de Europa del Este, seguido por un 32% de Latinoamérica y el 32% de África Subsahariana. Llegan a España a través de diferentes medios, según la procedencia: desde Europa del Este, las redes utilizan transporte terrestre (autocar, furgoneta o tren); desde Latinoamérica el avión (con un prestamista con el que se adquiere una deuda de 15.000 a 20.000 euros); y desde África en autobús o patera (con una deuda de 20.000 a 40.000 euros).

Respecto a los modos de control por parte de las redes, existe un control estrecho a través de amenazas y violencia física en los clubes. Los lugares donde son forzadas a prostituirse son, en un 53% de los casos, los clubes, seguido de un 31% en pisos y el 16% en la calle.

A través del estudio, el IAM plantea la necesidad de una actuación informativa inmediata en los puntos de entrada masiva (como Ceuta y Melilla) para dificultar el contacto con la red en España y de un trabajo de concienciación desde el primer momento, dado que las víctimas no se reconocen como tales.

A partir de ahí, el estudio recomienda, a nivel jurídico, fomentar la decisión de denunciar, articular medidas que garanticen la reflexión y, sobre todo, equiparar los derechos de las víctimas de trata con los del resto de mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de que tengan acceso a la misma atención y servicios. En esa línea, el IAM ha impulsado la creación de un grupo de trabajo sobre trata en el seno del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, en el que participa la Junta, El Gobierno central y otras instituciones y agentes sociales implicados en la materia.

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