Redacción. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud, ha instado al SAS a que implemente con celeridad medidas que son urgentes para que los profesionales de la sanidad pública andaluza se sientan seguros en el desempeño de su trabajo frente a posibles agresiones, que han subido un 23% durante 2022, año en el que se han contabilizado un total de 1.494 episodios de este tipo.
Tras la reunión de seguimiento del Plan de Prevención y Atención frente a agresiones a profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía celebrada esta semana, coincidiendo con la celebración del Día Europeo contra las agresiones al personal de la sanidad, la vicepresidenta del Sector de Sanidad de CSIF-A, Carmen Jiménez, se ha congratulado por las medidas anunciadas por la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, como la creación de un Observatorio de Agresiones o la implementación de un régimen sancionador sobre agresiones en la Ley Andaluza de Salud Pública, entre otras.
No obstante, ha reclamado «concreciones» y celeridad en la puesta en marcha de éstas y de otras medidas que son imprescindibles para que nuestros profesionales cuenten con los instrumentos y los recursos adecuados para que puedan hacer su trabajo estando protegidos y teniendo la sensación de que lo están». «No podemos quedarnos en meros anuncios vinculados a la celebración del Día contra las agresiones, hay que ir a los hechos y soluciones», ha subrayado la responsable sindical.
En concreto, una de las propuestas de CSIF, y sobre la que la Administración no se ha pronunciado, es que se potencie la vigilancia privada en los centros sanitarios públicos andaluces como medida activa de prevención ante las agresiones a profesionales. El sindicato pide la creación de una partida presupuestaria centralizada y destinada en exclusiva a la vigilancia de las instalaciones sanitarias, de manera que los recursos que se dediquen a este fin, y cuyo objetivo último es la protección de los profesionales, dejen de estar supeditados a que los centros cuenten con más o menos presupuesto económico.
A juicio de la central sindical, la vigilancia debe estar garantizada y no condicionada a otros gastos o prioridades que deban atender los centros sanitarios, tanto en Primaria como en Especializada. De esta forma, se conseguiría también una mayor equidad en el recurso y se evitarían desigualdades entre los distintos centros.
El Sector de Sanidad de CSIF-A ha visto con buenos ojos la modificación de la Ley Andaluza de Salud Pública anunciada por la titular del ramo con el objetivo de que incorpore un régimen sancionador sobre estas conductas reprobables, que en la mayoría de los casos son verbales con insultos y amenazas, pero que también son agresiones físicas con agarrones, zarandeos y golpes. Esta ha sido otra de las demandas históricas de CSIF, que ahora la Administración se ha comprometido a llevar a cabo.
«Bajo ningún concepto podemos normalizar estas conductas que sufren los trabajadores de la sanidad pública, que además siempre son más de las que se reflejan en las estadísticas, porque muchas víctimas nos las comunican oficialmente», ha añadido Jiménez.
CSIF Sanidad Andalucía ha insistido en la suma transcendencia de la celebración de las reuniones trimestrales en las Delegaciones Territoriales con los distintos interlocutores, «encuentros que, sin embargo, no se están llevando a cabo en todas las provincias, ni con la necesaria periodicidad y en los que a las organizaciones sindicales se las ha excluido sin explicación alguna», ha argumentado Jiménez.
Además, la central sindical aboga por potenciar el papel de los profesionales guía (que son los encargados de hacer el acompañamiento a los profesionales que han sufrido una agresión) y también de los trabajadores sociales como agentes claves en la comunicación con los colectivos más conflictivos en determinadas zonas, tal y como lo refleja el Plan de Agresiones.
Disposición a colaborar
CSIF ha expresado su «disposición a seguir trabajando conjuntamente con la Administración y a colaborar en todo lo posible para que se ofrezcan soluciones a los profesionales del sistema sanitario público que acaben con esta lacra», al tiempo que ha pedido «urgencia y agilidad en las medidas que se han anunciado que se van a poner en marcha por parte de la Administración sanitaria». «Es un asunto que no puede esperar», ha concluido la vicepresidenta autonómica del Sector de Sanidad del sindicato.
