Redacción. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, organiza una gran manifestación en Madrid, el próximo 24 de septiembre a las 12.00 h. ante el empobrecimiento social, especialmente de la clase media y trabajadora. La manifestación discurrirá desde el Congreso de los Diputados hasta la Plaza de Colón.
A esta protesta están convocados trabajadores y trabajadoras de toda España, tanto del sector público como del ámbito privado, y está abierta al conjunto de la ciudadanía CONTRA EL EMPOBRECIMIENTO SOCIAL, POR UNA SUBIDA SALARIAL JUSTA, POR UNA JUBILACIÓN DIGNA Y POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
Ante la falta de interlocución del Gobierno y el empobrecimiento de trabajadoras y trabajadores de este país, pretendemos hacer patente el malestar de la ciudadanía que afronta su día a día con mucho esfuerzo, carencias y sacrificios, en unos momentos de graves dificultades e incertidumbre económica, que lamentablemente podrá agravarse de aquí a final de año.
La situación es muy incierta por la imparable escalada de los precios, el coste desmesurado de la energía y la cesta de la compra y el riesgo cada vez más evidente de entrar en recesión. Las/los españoles, especialmente las clases medias en situación más vulnerable afrontan su día a día, con mucho esfuerzo, carencias y sacrificios.
Al mismo tiempo, asistimos a un deterioro progresivo de nuestros servicios públicos en ámbitos fundamentales, como la sanidad, la educación y en general el conjunto de las administraciones públicas. Y las/los empleados públicos no cuentan con el debido reconocimiento ni en sus condiciones laborales, ni a nivel salarial.
Los bolsillos de trabajadoras y trabajadores ya han pagado y soportado con creces los efectos de las últimas crisis económicas. No es justo que los sacrificios recaigan siempre sobre la clase trabajadora.
En este sentido, CSIF exige al Gobierno que dé ejemplo a la empresa privada y negocie una subida en las administraciones públicas, como acaba de proponer el Ejecutivo en Francia. Los empleados públicos, además, llevan contribuyendo al pacto de rentas desde 2010 cuando por primera vez se les bajó el sueldo y arrastran una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20 por ciento.
