Redacción. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha liberado 397.000 euros para que 10 comunidades de vecinos de la ciudad puedan financiar el porcentaje no subvencionado por la Junta de Andalucía para las obras de instalación de ascensores en sus bloques de viviendas. Como ha explicado el alcalde, Gabriel Cruz, “esta iniciativa responde al compromiso de ayudar a estos vecinos en unas obras que son fundamentales para mejorar su calidad de vida”.
Con la aprobación en Junta de Gobierno de las bases reguladoras para la concesión directa de Ayudas Municipales para el fomento de la rehabilitación edificatoria y eliminación de barreras arquitectónicas a comunidades de propietarios, el Ayuntamiento de Huelva establece la normativa para que las comunidades de propietarios que han obtenido la subvención autonómica puedan acceder al montante necesario para completar el porcentaje concedido por la Junta de Andalucía hasta alcanzar el 100% del coste de las actuaciones.
Teniendo constancia de las dificultades de financiación de las comunidades de propietarios para hacer frente a la ejecución de las obras, el Ayuntamiento de Huelva ha decidido dar un paso al frente para posibilitar unas obras que cuentan con ayudas del Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria, gestionado por la actualmente Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio de la Junta de Andalucía, para comunidades de propietarios en las que al menos la mitad de las viviendas que componen el edificio tengan ingresos familiares ponderados no superiores a 5.50 veces el IMPREM.
En concreto, en este caso han obtenido la citada subvención las comunidades de propietarios de las calles Antonio Rengel, Tres Carabelas, Rubén Darío, Polígono San Sebastián, Juan Ramón Jiménez, Diego Morón,; Pasaje El Greco y Plaza de Estados Unidos.
Como ha insistido Cruz, “nuestra intención es terminar con las situaciones de indefensión y de aislamiento ocasionadas por la ausencia de ascensores en bloques de pisos muy antiguos, en los que los propietarios no pueden sufragar los costes que implica la obra”. Se trata, como explica el primer edil, de “garantizar el derecho a la accesibilidad, conscientes de las graves disfuncionalidades que provoca la carencia de ascensores, para personas con movilidad reducida, mayores, niños pequeños o bebés, impidiendo en muchos casos vivir de una forma independiente y participar con plenitud en todos los aspectos de la vida”.
