Redacción. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega este mes de mayo en Huelva a 4.438 hogares en los que viven más de 11.452 personas vulnerables, de las que más de 4.802 son menores, lo que supone más del 40 % del total.
Así, cada unidad de convivencia que ha sido reconocida como titular de esta nueva prestación social del Estado, activada hace nueve meses está formada por 2,8 personas.
La prestación media reconocida asciende a 448 euros al mes. El Ingreso Mínimo Vital garantiza un nivel de renta mínimo, cuyo umbral varía en función del tipo de hogar contabilizando los ingresos preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. El umbral de renta garantizada oscila entre los 470 euros al mes (el equivalente a una pensión no contributiva) para un hogar unipersonal y los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor.
Por edades, de media, los titulares del Ingreso Mínimo Vital tienen 28,01 años. El grupo más numeroso son las personas entre los 36 y los 45 años, que superan el 34% del total.
Reducir la pobreza infantil era uno de los grandes objetivos de la puesta en marcha de la prestación. En mayo, más del 40% de las personas que viven en hogares, y además los titulares de la prestación son menores y más del 60% de las unidades de convivencia a las que se les abonará la nómina de mayo tienen al menos a un menor en ellas. En Huelva los hogares monoparentales son 1.668 ; los hogares con menores 1.318.
Por género, las mujeres beneficiarias de la prestación en la provincia son 5.588 que forman parte de las unidades de convivencia que reciben el Ingreso Mínimo Vital. En concreto, hasta el pasado viernes, el INSS ha recibido de la provincia de Huelva, 18.330 solicitudes válidas desde que se puso en marcha esta prestación impulsada por el Gobierno. De ellas unas 14.112 se han tramitado lo que supone más del 80% del total y 4.604 prestaciones están aprobadas. Otras 44 están en proceso de subsanación.
La Subdelegada ha destacado el trabajo realizado por los funcionarios de la Dirección Provincial de la Seguridad Social, su implicación y eficacia. En su mayoría, las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), aunque un 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para lo que en enero se realizó una modificación normativa para que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del Ingreso Mínimo Vital puedan realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales.
Además el INSS ha puesto a disposición de las comunidades autónomas, un esquema de reconocimientos en bloque, que permite seleccionar beneficiarios, sin necesidad de presentar la solicitud.
Parralo ha matizado que el Ingreso Mínimo Vital, es la respuesta del Gobierno al problema estructural de pobreza que existe en España y que era invisible para el anterior Gobierno, según han reconocido organismos internacionales. Su puesta en marcha se ha acelerado para ayudar a cubrir las situaciones de vulnerabilidad causadas por la COVID-19, que se suman a las de las familias que ya se encontraban en dificultades previamente.
