Redacción. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha visitado el Ayuntamiento de Cartaya, donde ha destacado la inversión por parte de la Junta de Andalucía de más de 93 millones de euros durante 2020 para ayuda a la dependencia en la provincia de Huelva. Esta cifra incluye prestaciones económicas, plazas concertadas en centros asistenciales para personas mayores y con discapacidad, el servicio de ayuda a domicilio o el refuerzo de los servicios sociales comunitarios para la gestión de la dependencia.
Ruiz ha detallado que, durante 2020, se aumentó la inversión para atención residencial, acorde con la mayor oferta de plazas durante estos dos años de legislatura. Así, del presupuesto total destinado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a la provincia de Huelva, 26,7 millones corresponden a atención residencial y 4,6 a financiar unidades de estancia diurna.
Ruiz ha puesto el acento también en los 19,6 millones de euros destinados a abonar los distintos tipos de prestaciones económicas vinculadas a la dependencia, ya sea de asistencia personal, para cuidados en el entorno o vinculado al servicio. O en los 615.412 euros para el refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios de la provincia en materia de dependencia.
Además, durante el año pasado, la Consejería ha financiado con más de 41,6 millones de euros (22.541.239,57) el servicio de ayuda a domicilio en Huelva. Un recurso cuya importancia ha destacado Ruiz “al ser vital para que las personas con algún grado de dependencia puedan seguir residiendo en su hogar”. Una atención domiciliaria y de proximidad que la consejera ha resaltado como prioritaria para su departamento durante esta legislatura, “en la que el compromiso inquebrantable con la dependencia ha quedado plasmado en la histórica dotación incluida en los presupuestos andaluces de 2021, 1.609,1 millones de euros, la mayor partida de la historia.
“Desde que llegamos a la Consejería hemos puesto en marcha toda cuanta medida ha estado a nuestro alcance en relación con la atención a las personas en situación de dependencia para garantizar la seguridad y la protección de las personas, y manteniendo el empleo asociado en todo el sector”, ha insistido.
Apuesta por la ayuda a domicilio
La consejera ha destacado el incremento del 12,3% en el coste de la ayuda a domicilio, congelado desde hace 13 años, y que comenzará a aplicarse ya en el mes de marzo. La medida supondrá una inversión de 61,4 millones de euros y beneficiará a 32.000 empleadas del sector, 2.983 en la provincia de Huelva. La Consejería ultima además la nueva Orden que regulará las condiciones laborales y derechos del colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), cuya publicación estará lista el próximo mes de abril.
Ruiz ha subrayado que “se trata de una subida sin precedentes” que “se ha perseguido desde el inicio de la legislatura”, y para su aplicación se han consignado 61,4 millones de incremento en los presupuestos de 2021 para el servicio de ayuda a domicilio. Una partida que se enmarca en los 1.609,1 millones que la Consejería de Igualdad destinará este año para el Sistema Andaluz de Dependencia.
En la actualidad, un total de 288 personas en Cartaya reciben la prestación de la ayuda a domicilio y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación destinó 1.288.209 euros al Ayuntamiento del municipio para financiar el servicio.
En cuanto a la nueva orden de ayuda a domicilio, la consejera ha detallado que recogerá, entre otras cuestiones, que la organización del servicio de ayuda a domicilio mantenga unas jornadas laborales dignas y conciliadoras del empleo, “buscando el equilibrio entre turnos de mañana y de tarde a fin de evitar jornadas fraccionadas”.
Asimismo, prohibirá la realización de servicios de menos de una hora, y se excluye expresamente del personal auxiliar las actuaciones de carácter sanitario o de las necesidades del hogar que no estén recogidas. Los pliegos de contratación del servicio deberán fomentar además de forma específica la contratación de colectivos de especial vulnerabilidad como personas extuteladas, mujeres víctimas de violencia de género, residentes en zonas desfavorecidas, personas perceptoras de la Renta Mínima de Inserción Social, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
Registro Andaluz de Prestaciones
Tras su visita, Ruiz ha agradecido “la buena disposición del Ayuntamiento” de Cartaya y ha abogado por “la colaboración y la lealtad que debe haber entre administraciones y que es, en estos momentos, más necesaria que nunca”.
Así, el ha trasladado los detalles del proyecto de implantación de la Historia Social Única Electrónica de Andalucía, que a través del Registro Andaluz de prestaciones (RAP) permitirá poner en común prestaciones y ayudas como la Renta Mínima de Inserción Social y las Pensiones No Contributivas otorgadas por la Consejería, las ayudas de emergencia y las económicas familiares gestionadas por los Servicios Sociales Comunitarios o las tarjetas monedero. En concreto la medida de la tarjeta monedero, que se puso en marcha durante la pandemia, ha beneficiado a 116 familias en Cartaya.
Mediante el RAP, se puede consultar la base de datos común en coordinación con las entidades locales y la propia Consejería de Igualdad, intercambiar datos y facilitar la colaboración entre organizaciones. “Gracias a ello, los y las profesionales disponen de un acceso compartido para poner en común las prestaciones y ayudas otorgadas, lo que nos ha servido de experiencia para avanzar en nuestro proyecto ‘CoheSSiona’, que tiene como objetivo contar con una base de datos única en los servicios sociales”, ha señalado.
Se trata de un instrumento pionero que hará posible la Historia Social Única, ambicioso proyecto en el que está trabajando la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y que va a suponer un importante avance en la atención de las personas usuarias puesto que toda la información estará en un mismo sitio y los profesionales podrán consultarla fácilmente.
Su objetivo, según ha señalado la consejera, es “agilizar la burocracia en la Administración, algo en lo que estamos trabajando desde que llegamos al Gobierno y que resulta fundamental en las políticas sociales puesto que los trámites que se gestionan tienen que ver con ayudas de primera necesidad y la atención a la población más vulnerable, es decir, personas que no pueden esperar. Es incomprensible que no exista un sistema así todavía, pero por eso estamos trabajando para ofrecer soluciones siempre pensando en las personas”.
