Redacción. La coordinadora Solución Asentamientos (conformada por diversas personas y organizaciones representantes de colectivos africanos y activistas por los derechos humanos como ASNUCI, Asociación de Trabajadores Africanos, CGT y PCE), así como Asociación Multicultural de Mazagón, Asociación de Malienses de Lepe y Asociación Malí Mazagón, han elaborado una batería de propuestas para dar solución al grave problema de los asentamientos de chabolas de la provincia de Huelva ocupados por temporeros migrantes.
Plantean distintas fases y escenarios, destacando las siguientes:
Para las víctimas de los últimos incendios en Lepe y Lucena proponen alquilar los alojamientos de las temporeras contratadas en origen vacíos tras su regreso a Marruecos, o instalar campamentos de emergencia con condiciones de salubridad montados por la UME en terrenos públicos municipales, de Diputación, de la Junta de Andalucía o de otra administración. Plantean además un protocolo para casos de incendio con la disposición inmediata de los polideportivos municipales como alojamientos de emergencia con aseos, algo que no se ha producido durante este mes de julio tras los tres incendios en Lucena y Lepe que dejaron en la calle a casi 300 personas, y así siguen todavía una buena parte, sin auxilio.
Para los cientos de personas que aún viven en los asentamientos, mientras se aplican soluciones definitivas y para minimizar los riesgos extraordinarios añadidos del Covid-19, proponen la instalación junto a los asentamientos de puntos fijos de abastecimiento de agua, módulos prefabricados de aseo y contenedores de basura, con campañas previas de limpieza. Solicitan que se invierta en estas labores las subvenciones de la Junta de Andalucía a Lucena, Palos, Lepe o Moguer, publicitando con transparencia el destino de estos fondos. Piden además que los ayuntamientos no demuelan las chabolas sin haber planteado alternativas habitacionales.
Para la próxima campaña agrícola proponen la mediación de empresas, administraciones y ONGs con los propietarios de viviendas vacías, con entidades financieras y la SAREB, para que se ofrezcan en alquiler a los temporeros. Además proponen la instalación de alojamientos colectivos en régimen de alquiler a base de módulos prefabricados sobre terrenos públicos o privados. Las organizaciones hacen un llamamiento a todas las administraciones y a las empresas para ofrecer los suelos más adecuados. A su juicio, estas zonas de alojamientos colectivos deben situarse junto a los núcleos urbanos para evitar los guetos que aumentan la segregación, para favorecer la inclusión social de población migrante con la local. Proponen además convenios con los campings para compatibilizar el alojamiento de temporeros con el de turistas, que no coinciden en el uso de las instalaciones a lo largo del año por tratarse de estaciones diferentes.
Para acabar definitivamente con las chabolas a medio plazo proponen medidas diferenciadas para trabajadores itinerantes y para los que permanecen todo el año. Así para los primeros sugieren la construcción de albergues municipales como los que existen en Jaén, para estancias cortas, alojamientos colectivos de iniciativa privada como el que promueve ASNUCI, para estancias de varios meses, y especialmente incorporar en el Convenio del Campo de Huelva la responsabilidad de las empresas agrícolas de garantizar alojamiento en régimen de alquiler a sus trabajadores y trabajadoras de temporada que procedan de más de una determinada distancia razonable, ya sea en la propia finca, o preferentemente en viviendas o instalaciones prefabricadas en los núcleos de población. Según las organizaciones, para los temporeros migrantes que permanecen todo el año en los municipios, la solución pasa por revisar los Planes Municipales de Demandantes de Vivienda, y potenciar la mediación con la SAREB y demás entidades y particulares propietarias de viviendas vacías para garantizar que las alquilen a la población africana, con campañas de sensibilización para acabar con estereotipos, prejuicios, bulos y mentiras sobre estos trabajadores, que no quieren nada gratis.
Las organizaciones proponen otras medidas complementarias como la creación de oficinas de atención a los temporeros para informar sobre posibilidades de empleo, alternativas de alojamientos y servicios a su disposición, la revisión del sistema de transporte público, en especial el Plan de Transporte Metropolitano del área de Huelva, actualmente en redacción, para garantizar las necesidades de movilidad de los temporeros, la implementación de servicios regulares especiales para los trabajadores del campo por parte de las empresas, la revisión de los planes generales municipales para habilitar terrenos adecuados para implantar alojamientos colectivos que no sean guetos segregados ni supongan la formación de núcleos de población sólo de temporeros extranjeros como ya está ocurriendo en algunos municipios de la zona de Palos-Moguer. Las organizaciones puntualizan además sobre la necesidad de realizar la regularización de los trabajadores migrantes con diversa casuística, la agilización de trámites en la Oficina de Extranjería, para evitar situaciones de vulnerabilidad y marginalidad, de conculcación de derechos humanos y para evitar las situaciones de explotación.
Las organizaciones solicitan para estas propuestas el compromiso de todos los municipios que demandan trabajadores temporales extranjeros, y no sólo de los que tienen asentamientos de chabolas, porque las personas que los ocupan trabajan en varios municipios del entorno. Además, reclaman que la toma de decisiones se haga de forma participada con todas las administraciones, con el tejido empresarial, con los sindicatos y con las organizaciones sociales, incorporando las integradas por personas migrantes, que hasta ahora se han mantenido al margen. “Estamos ante un problema cronificado que dura más de veinte años al que no se ha encontrado solución, por tanto no sirven las medidas o foros convocados hasta la fecha. Hay que abrirse a nuevas propuestas, a nuevos agentes, empezando por los protagonistas, con generosidad, sin prejuicios y con el objetivo claro de afrontar este problema que afecta fundamentalmente a derechos humanos y laborales, pero que también es una realidad que daña la imagen de nuestra provincia”.
Las organizaciones se proponen presentar sus propuestas a distintas administraciones e instituciones a las que han solicitado reuniones. El martes 18 de agosto iniciaron la ronda con la Diputación, siendo recibidas por una comisión política y técnica encabezada por la vicepresidenta María Eugenia Limón en una larga reunión que las organizaciones califican como de cordial, constructiva y esperanzadora primera toma de contacto, con los protagonistas del problema como interlocutores directos: la población migrante y los habitantes de los asentamientos. Las organizaciones esperan la respuesta de la Diputación a cada una de las propuestas lanzadas para resolver para siempre el problema de los asentamientos de chabolas.
