Redacción. La Diputación de Huelva retoma su actividad plenaria con la celebración el próximo jueves, día 4, del Pleno ordinario correspondiente al mes de junio. Será el primer Pleno de la Diputación en este estado de alarma por covid-19 ya que el último ordinario fue el de marzo y se hará de forma telemática. El grupo socialista presenta a este pleno tres mociones con el objetivo de aliviar la situación económica de las personas provocada por esta crisis sanitaria.
En la primera de ellas, los socialistas vuelven a pedir al Gobierno de la Junta de Andalucía, como así lo hicieron en el último pleno ordinario de la Diputación de Huelva, la puesta en marcha de forma urgente de un Plan de Empleo especialmente reforzado, a ejecutar en todos los municipios de Andalucía, dirigido a todos los colectivos de desempleados que vienen sufriendo las consecuencias de una crisis financiera durante más de una década y que ahora se ven incrementado con nuevos damnificados por la pandemia covid-19.
También se insta al Consejo de Gobierno de la Junta a que tenga en cuenta para dicho plan las aportaciones que desde los gobiernos municipales y provinciales de puede hacer, dado el conocimiento directo de la incidencia del desempleo en cada localidad, así como a que la ejecución de dicho Plan de Empleo se ejecute desde la gestión municipal.
Según el portavoz del grupo socialista en la Diputación, José Fernández, los datos de desempleo de los meses de marzo y abril nos demuestran el fuerte impacto en nuestra economía provocado por el cierre de diversos sectores importantes para la economía de la provincia, como el turístico, y el de los frutos rojos, junto como el comercio o la restauración.
Los desempleados a final de abril eran 52.782, una cifra similar a los desempleados a finales de marzo, donde se produjo un incremento importante en el número de desempleados respecto a febrero, con 6.866 más. Pero el dato que nos refleja la pérdida de empleo en la provincia de Huelva, según la moción, es su comparación con los datos de desempleo de abril del pasado año, donde la cifra era de 12.359 personas menos. Cifra que nos indica que la destrucción de empleo empleo en la provincia como consecuencia de esta crisis sanitaria es cercana a 13.000 personas.
Estas cifras, según Fernández, “aún siendo preocupantes, podrían haber sido muy superiores si el Gobierno Central no hubiese tomado las medidas económicas de prohibición del despido por motivos relacionados a la covid-19, o las de ceses de actividad y ERTEs”.
En la segunda de las iniciativas, los socialistas solicitan la suspensión temporal del conocido como canon del agua, un impuesto finalista que pagan todos los abonados de un servicio de agua en función del consumo, y que de media en Andalucía representa un 10% de importe total de los que los ciudadanos e industrias pagan por el suministro de agua.
Por eso, en la moción piden la suspensión temporal de la aplicación y recaudación del impuesto del Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma desde el 1 de junio de 2020 hasta el 30 de mayo de 2021. Aplicar a partir del 1 de junio de 2021 una reducción de la cuota variable del impuesto del 50% hasta el 31 de diciembre de 2021 y aplazar la liquidación del importe recaudado al momento de previsible recuperación económica en el año 2021, trasladando la liquidación del segundo semestre de 2019, hasta el 20 de abril de 2021; así como la liquidación del primer semestre de 2020, hasta el 20 de octubre de 2021.
Todo ello a los efectos de paliar las consecuencias económicas en los usuarios del abastecimiento urbano del agua, especialmente a las familias, a los establecimientos de autónomos y PYMEs, y del sector turístico, que están sufriendo los efectos de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria; así como los operadores públicos y privados del agua que prestan el servicio de competencia municipal.
La tercera de las mociones que presenta el grupo socialista tiene que ver con las políticas sociales. Según José Fernández, “el Partido Popular vuelve a atacar al sector público,y ahora lo hace atacando al sistema público de Servicios Sociales”. Durante esta crisis, señala Fernández, “todas las acciones que se han venido llevando a cabo desde las Diputaciones y los ayuntamientos se han gestionado a través de los servicios sociales comunitarios o municipales, formado por un núcleo de profesionales con una magnífica formación. No entendemos como desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se pretende romper con este modelo a cambio de potenciar una red paralela y privada para poner en marcha las ayudas sociales que se conocen como Tarjeta Monedero”.
Por ello, en la moción se insta a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a respetar el marco normativo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, a que se garantice una atención social normalizadora e integradora a las personas usuarias de los servicios sociales, sin que sean derivadas a organizaciones privadas; así como a que se proceda a la desburocratización de los procedimientos administrativos para poder acceder a recursos sociales con carácter de urgencia, pero garantizando que previamente se ha realizado una valoración técnica del profesional de referencia, trabajadores sociales de los Servicios Sociales Comunitarios.
