Redacción. El Equipo de SEPRONA de la Guardia Civil de Badajoz, conjuntamente con los veterinarios del Servicio Extremeño de Salud, en el marco de la “Operación SANEDRAC” han investigado a trece personas, como presuntos autores de delitos de estafa, falsedad documental, contra la salud pública y los consumidores, relacionados con la comercialización ilegal de tales productos alimenticios.
La investigación se inició cuando los veterinarios de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura inspeccionaron una empresa de productos cárnicos en la localidad pacense de Salvaleón, a raíz de la advertencia de sus homólogos de la Zona de Salud de Alcuéscar para tratar de averiguar la trazabilidad de una partida de jamones.
En la inspección hallaron jamones y paletas de cerdo, con graves deficiencias de trazabilidad para poder acreditar su origen legal, y carentes de marchamos o sellos sanitarios, procediendo a la inmovilización cautelar de 24.843 piezas. Examinados los datos de la documentación facilitada por la empresa, comprobaron numerosas irregularidades en su cumplimentado con información incompleta en los documentos aportados, modificación en los mismos, coincidencia de fechas en expedición de los mismos productos por distintos operadores, y referencia a direcciones de empresas no registradas por las Autoridades sanitarias.
Estas circunstancias ofrecían dudas en relación con la posibilidad de encontrar y seguir el rastro de los mismos, a través de las diferentes etapas de su comercialización, como obligan los Reglamentos (CE) 178/2002 y 931/2011. Ante las sospechas de que se estuviera llevando a cabo una actividad ilegal con la comercialización de los productos, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Autoridad Judicial competente, quien ordenó la investigación al Equipo de SEPRONA de la Guardia Civil de Badajoz, por si la citada empresa pudiera estar incurriendo en un supuesto ilícito penal.
Desde el pasado mes de abril de 2019, los agentes realizan numerosas gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos, inspeccionando la empresa y gran cantidad de documentos, pudiendo constatar también, la falta de identificación de los productos en la industria, bien por ausencia total o por la falta de referencia a los lotes del producto y/o marcado sanitario y/o marcado de entrada en salazón, ofreciendo de igual modo, dudas sobre la trazabilidad interna así como la posibilidad de garantizar el origen del producto, careciendo al mismo tiempo, de documentación que justifique toda la información alimentaria obligatoria: ingredientes, información nutricional y fechas de caducidad.., no garantizando la obligación de información al consumidor.
Así mismo, en el transcurso de la investigación, se obtuvieron pruebas e indicios suficientes de la existencia de un entramado empresarial del sector cárnico dedicado a la comercialización ilegal de productos derivados del cerdo ibérico, observando además, precintos de diferentes colores en relación a jamones y paletas de cebo ibérico y cebo de campo ibérico, en los que los documentos de certificación presentados por el operador, ofrecían dudas en cuanto a su correlación con el resto de documentación, los precintos y lotes, no asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma de Calidad del cerdo Ibérico, aprobada por el R.D. 4/2014.
Con la explotación de la operación, se consiguió relacionar en las acciones delictivas a 14 empresas dedicadas a la comercialización de productos cárnicos ubicadas en las provincias de Badajoz, Cáceres, Huelva, Salamanca, Granada, Murcia, Madrid, Zaragoza y Barcelona, siendo 13 de sus responsables investigados por ser considerados autores de los delitos de estafa, falsedad documental, contra la salud pública y los consumidores. La Dirección General de Salud Pública del SES inmovilizó 24.843 perniles de cerdo, con un peso total de cerca de 150.000 kilos. Las diligencias instruidas, se entregaron en el Juzgado de Instrucción de Jerez de los Caballeros.
