Redacción. El concejal de Urbanismo y Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez Márquez, se ha reunido con el secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, a petición de este último, al objeto de poner sobre la mesa la preocupación del sindicato por cómo se lleva a cabo la gestión de residuos con contenido de amianto en determinadas actuaciones acometidas por empresas privadas en la ciudad, exigiendo las máximas garantías en la manipulación de este material contaminante, tanto por el peligro que conlleva para los trabajadores que lo manipulan como para la población en general, en caso de una gestión incorrecta por parte de las empresas.
Como ha manifestado el edil, “compartimos la inquietud de CCOO y el objetivo de reforzar la vigilancia y seguimiento de estas obras”. Así, el encuentro que ha tenido lugar en la Concejalía ha servido a Gómez Márquez para refrendar el compromiso del Consistorio de “seguir trabajando desde la colaboración por mejorar la gestión del amianto en las obras que se ejecutan en Huelva, para lo que siempre, en cumplimiento de la Ley, desde nuestro departamento de Disciplina Urbanística exigimos a los solicitantes de licencias de obras un plan especial que garantice la seguridad y la salud pública -en primera instancia la de los propios trabajadores de la obra- ante a manipulación y traslado de fibrocemento”.
Por parte de CCOO se ha insistido en la necesidad de mejorar el proceso de manipulación de estos materiales, y en este sentido Emilio Fernández ha manifestado “el compromiso de CCOO con el Delegado de Urbanismo en trasladarle un documento con unas sugerencias para la correcta gestión del amianto, en la perspectiva de la elaboración de un Plan Municipal para la eliminación del amianto, que situaría a Huelva como una ciudad pionera a nivel nacional.”
Diego Román, Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente, también presente en la reunión ha destacado que “hay que estar muy vigilante con las instalaciones con presencia de amianto, en especial en las obras de derribo y reformas, para minimizar en todo lo posible los daños en la salud de los trabajadores expuestos y población en general, ya que esto es un problema de salud laboral, salud pública y medioambiental”
