Redacción. Satisfacción en el seno de Asaja-Huelva por el compromiso mostrado por el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, a solucionar la problemática que afecta a los agricultores de la capital, los únicos de la provincia que deben hacer frente al pago de la tasa de extinción de incendios. El vicepresidente de Asaja-Huelva, Antonio Torres, el secretario general de la organización, José Luis Marín, y responsables técnicos de la organización agraria, mantuvieron hace unos días una reunión con el primer edil con el fin de trasladarle este problema que no sólo supone un importante quebranto económico para quienes resultan afectados por un incendio, sino que además constituye un agravio con respecto a los agricultores del resto de la provincia, que no tienen que asumir el pago de la tasa gracias a que ésta corre por cuenta de los propios ayuntamientos al estar incorporados al Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamentos de Huelva.
Así, los agricultores de la capital, aún teniendo seguros de cultivos y pese a las buenas prácticas que adoptan en materia de prevención de incendios, deben afrontar las elevadísimas tasas que se suman al desastre económico del que son víctimas cuando sucede un siniestro de este tipo, ya que, como es comprensible, ninguna medida preventiva puede eliminar del todo el riesgo de padecer un incendio en el campo y ningún seguro cubre la tasa.
El alcalde de Huelva mostró su comprensión ante la exposición de la situación realizada por los representantes de Asaja-Huelva, considerando la petición de la patronal muy razonable, y se comprometió a darle solución, una actitud que desde la organización agraria se ha valorado muy positivamente.
Cerco a la venta de productos agrícolas ilegales. Por otro lado, los miembros de Asaja trasladaron al primer edil onubense el grave problema que padecen muchos agricultores, que además de soportar constantes robos en sus explotaciones agrícolas tienen que aguantar para colmo el ver cómo los productos que ellos han cultivado y que les han sido robados son vendidos impunemente, a plena luz del día y a la vista de todos.
Asaja hizo entrega al alcalde de un documento en el que se especifican con detalle algunos de los puntos de venta más conocidos, alguno de ellos hasta con horario y ubicación fijas, algo de lo que Gabriel Cruz manifestó estar al tanto y comunicó a los responsables de Asaja la intención del Ayuntamiento de trabajar en un protocolo que vincula a las Fuerzas de Seguridad con el fin de luchar decididamente contra la venta ilegal de productos agroalimentarios presuntamente robados en las explotaciones de la provincia que permita actuar con más contundencia ante este tipo de infracciones, que no sólo suponen un daño importante para los agricultores sino que además, constituyen un peligro sanitario, ya que puede suceder que la fruta haya sido sustraída y vendida sin cumplirse los plazos de seguridad que impone el uso de productos fitosanitarios (legales, autorizados y reglados en su utilización), algo de lo que los consumidores no son conscientes.
