Redacción. ALOJA-Huelva y la Asociación de Empresarios de Lepe (AGELEPE), con la colaboración de la FOE, han celebrado unas jornadas técnicas centradas en la situación generada en Andalucía tras la publicación del decreto que regula las viviendas de uso turístico donde los empresarios pudieron conocer la nueva realidad que ha traído consigo esa normativa.
Desde ALOJA-Huelva, su Presidente, Charles Wordsworth, expresó que “es necesario que las autoridades fiscales desarrollen y pongan en marcha controles para evitar que las viviendas con finalidad turística se conviertan en un tipo de economía sumergida”. Asimismo, advirtió que las administraciones deben obligar a los propietarios de estas viviendas a cumplir con las limitaciones de ocupación y disponibilidad que marca la ley.
Según informó el presidente de ALOJA, se calcula que en Andalucía existen más de 25.000 viviendas turísticas registradas, que supone unas 90.000 plazas alojativas en nuestra Comunidad, y en Huelva entorno a unas 440 viviendas que se concentran el litoral onubense. “El Decreto -dijo- ha cubierto el vacío legal provocado por la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y sin ser una norma perfecta es un paso positivo en la regulación de esta realidad que está demostrando su eficacia, que ha contribuido a regularizar una parte importante de competencia desleal y economía sumergida, y que requiere de una evaluación permanente para ajustarla a las condiciones y factores del dinámico mercado turístico que permita hacerla más eficaz, efectiva y eficiente en el tiempo, así como también, corregir cualquier problema o grieta que limite su correcta aplicación, la consecución de sus objetivos o la interpretación de la norma”.
Manifestó Charles Wordsworth que “el sector turístico andaluz no está en contra de las viviendas turísticas regladas, sino en contra de la actividad clandestina e ilegal de las viviendas que crece de forma exponencial, desordenada e incontrolada generando importantes problemas de seguridad, calidad y sociales”. Del mismo modo, se evidenció que en el mercado los portales y plataformas no operan de forma apropiada ni como sería deseable, con las debidas garantías para las personas usuarias y de calidad. Y es que la mayoría de portales no se reflejan el número de registro de las viviendas que acredita que éstas son turísticas y cumplen con la legalidad turística.
Otras cuestiones debatidas fueron, la falta de armonización jurídica en esta materia entre Comunidades Autónomas, lo que rompe la unidad de mercado y la igualdad a la hora de competir; la desnaturalización de la función y dimensión social y colaborativa de la vivienda turística para erigirse en un verdadera actividad económica; la insuficiencia de los medios y recursos de la inspección turística y los riegos para el sector turístico andaluz ante un cambio de ciclo y tendencia turística.
Sobre la sostenibilidad, asunto que fue abordado por Antonio Montaño. Presidente del Consejo Internacional de Energía y Edificación Sostenible y profesor de la UHU, se avanzó en la conveniencia de crear una marca conjunta que podría resultar una herramienta interesante de diferenciación para destinos emisores exigentes con el respeto al medio ambiente.
