Redacción. La Consejería de Fomento y Vivienda está gestionando actualmente inversiones por más de 17 millones de euros en la capital onubense para, o bien garantizar una solución habitacional, o bien mejorar la condiciones de los hogares de familias que se encuentran actualmente en una situación de vulnerabilidad, tal y como ha explicado el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, que ha estado acompañado por la secretaria general de Vivienda, Catalina Madueño, y la delegada territorial de Fomento y Vivienda, María José Bejarano.
El delegado del Gobierno de la Junta en Huelva ha señalado que estas actuaciones incluyen viviendas ya finalizadas y disponibles para entregar a sus adjudicatarios, rehabilitación y mejora de inmuebles de titularidad pública o urbanización de las zonas más deterioradas en plazas y barriadas.
Romero ha precisado que actualmente se están llevando a cabo dos importantes mejoras de viviendas en 96 casas de la barriada de Marismas del Odiel con una inversión de 715.000 euros y en 72 hogares de la barriada de El Torrejón con 858.000 euros.
Además, ya han empezado las obras, con una inversión de dos millones de euros, de mejora en 284 viviendas de la calle Gonzalo de Berceo de la barriada de La Orden; ya se ha licitado otra obra para mejorar 32 VPO por 122.000 euros en la calle Jazmín de El Torrejón; y se espera licitar pronto una nueva intervención con una inversión de 1,13 millones de euros para 186 viviendas de las calles Eloy Picón y Cano Peral.
El delegado del Gobierno ha destacado que las mayores inversiones de la Junta de Andalucía en materia de vivienda se están realizando en la barriada de Marismas del Odiel, donde además de la segunda fase de reforma en viviendas de alquiler social que terminará en unas semanas, se va a firmar un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Huelva para la urbanización de esta zona con un presupuesto de 1,6 millones.
Romero ha querido resaltar la situación del proyecto conocido como ‘Casa por casa’, donde la Junta de Andalucía lleva invertidos once millones de euros, y en el que “el Gobierno central, además de no haber prestado ningún tipo de ayuda para estas familias, se llevó más de un mes para contestar a una simple pregunta administrativa que desbloqueaba definitivamente la situación”.
Asimismo, Madueño ha centrado su intervención en las principales iniciativas normativas y actuaciones en este ámbito puestas en marcha por la Junta, poniendo el acento en el proyecto de ley de Tanteo y Retracto en Desahucios, que ha superado recientemente el debate a la totalidad en el Parlamento. “Esta norma dará mayor cobertura a las familias vulnerables que se encuentran en riesgo de perder sus hogares como consecuencia de la crisis económica pero también del abandono por parte del Gobierno central de políticas sociales de apoyo a estas personas”.
La secretaria general de Vivienda ha explicado que “este proyecto de ley reforzará las medidas para luchar contra los desahucios y ampliará la protección de las familias frente a las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pago en la provincia”. “Como principal novedad -ha indicado Catalina Madueño- la norma permite a la Junta el ejercicio del derecho de compra preferente de los inmuebles incluidos en procesos de ejecución hipotecaria y dación en pago, garantizando así la permanencia de las familias en las mismas mediante mediante un alquiler social”. Además, la medida supondrá un incremento del parque público residencial de la Junta, que se destinará fundamentalmente a atender a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y con mayores dificultades para acceder a una vivienda.
Por otro, Madueño ha recordado que la Junta ha aprobado dos líneas de ayudas orientadas, por un lado, a impulsar la rehabilitación de viviendas donde residen personas mayores o con discapacidad; y por otro, a elaborar los planes municipales de vivienda con el fin de clarificar la oferta existente en cada localidad con el fin de hacerla compatible con la demanda existente. La primera cuenta con una una inversión de tres millones y constituye, a su juicio “una apuesta clara de la Junta por la rehabilitación del parque residencial existente”, para añadir que “este tipo de intervenciones son fundamentales, ya que vienen a mejorar las condiciones de vida de estos grupos de población, mejorando de manera notable su independencia, movilidad y por ende su autoestima y seguridad”. De igual modo, ha apuntado que la ayuda a ayuntamientos y diputaciones para la elaboración y revisión de los planes municipales de vivienda está dotada con 1,9 millones, indicando que “estos planes son una herramienta muy eficaz ya que aportarán una radiografía actualizada de lo que realmente demandan los ciudadanos de cada municipio, permitiendo actuar en consecuencia”.
Sistema de Información y Asesoramiento en Desahucios. Por su parte, la delegada territorial de Fomento y Vivienda ha hecho balance de las medidas que lleva a cabo la Junta de Andalucía en Huelva para apoyar a familias con un alto grado de vulnerabilidad y que se suma a estas inversiones, centrándose fundamentalmente en el Sistema de Información y de Asesoramiento Integral en materia de Deshaucios. Esta medida hasta finales de 2016 ha atendido a 991 familias en la provincia de Huelva desde una perspectiva integral y personalizada.
A través de este instrumento, ha explicado Bejarano, la Junta presta apoyo a las familias en riesgo de perder su vivienda habitual, ofrece información y orientación profesional de forma singularizada en todas las cuestiones relacionadas con el derecho a una vivienda digna, especialmente a aquellas personas que carecen de los medios adecuados para la defensa de sus intereses.
La delegada territorial ha señalado que hay tres fases en la atención a las familias, centrada la primera en la prevención, donde el personal adscrito a la oficina informa a los usuarios sobre temáticas muy diversas relacionadas con la forma de acceso a viviendas protegidas y el funcionamiento de los registros municipales de demandantes de VPO. Igualmente sobre la existencia de ayudas públicas, sobre todo de alquiler, o sobre los pasos a seguir en caso de encontrarse en situación de impago de hipotecas.
En la fase de intermediación, los técnicos asesoran a familias con deudas con las entidades financieras y, por tanto, en riesgo de perder su vivienda. En este ámbito, se da información sobre las posibles vías de actuación y se media con entidades financieras para lograr una reestructuración de la deuda, una quita de las cuotas de la hipoteca o daciones en pago. También se intermedia con juzgados, cuando ya existen demandas judiciales con el fin de alcanzar una solución a sus problemas hipotecarios.
Por último, en el ámbito de la protección, las familias se dirigen a ese servicio con el desahucio en proceso avanzado. En estos casos, los técnicos ponen en marcha varias líneas de actuación, informando a los afectados sobre la necesidad de inscribirse en los registros de demandantes para acceder a una vivienda social pública y brindan apoyo en la tramitación de las ayudas existentes en materia de alquiler.
La delegada de Fomento y Vivienda ha destacado que “los datos demuestran que se están consiguiendo unos resultados más que óptimos ya que desde que la oficina funciona ningún expediente ha tenido como resultado el lanzamiento de una familia de su casa”. Además, ha añadido que “desde la oficina se ha negociado en muchos casos la prórroga del pago de la hipoteca entre dos y cuatro años y, en el 80% de los casos, se ha conseguido la reestructuración de la deuda por parte de las entidades financieras a través del código de buenas prácticas”.
De los 991 expedientes atendidos desde octubre de 2012, un caso acudió a este servicio en la fase de prevención, 967 en la fase de intermediación y 23 en la etapa de protección. Durante el ejercicio pasado, los 111 casos registrados se abrieron en la fase de intermediación. Sin embargo, habría que resaltar el dato de este 2017, siendo hasta el momento solo 34 peticiones de consulta, de las que 19 se ha abierto expedientes, que si este año sigue esta dinámica, estará bajando con respecto al año anterior en un 30% la llegada de casos.
