Redacción. La Junta convocará un total de 8.045 plazas de empleo público en los sectores de educación, sanidad y Administración General, ha indicado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en el Parlamento donde ha confirmado que «este año habrá oposiciones en Andalucía». La oferta más importante corresponderá a sanidad, con 3.553 plazas, seguida de las 2.468 plazas de educación y 2.024 para la Administración General.
En comparecencia en el Pleno, Montero ha querido despejar «cualquier atisbo de duda» sobre la oferta de empleo público, al considerar que está justificada «jurídica y presupuestariamente» y que redundará en una mayor calidad del empleo de los profesionales públicos de la Junta, así como en el reforzamiento de los servicios públicos. Asimismo, ha trasladado un mensaje de «certidumbre y tranquilidad» a los opositores que aspiran a un empleo público en la comunidad autónoma.
Montero ha explicado que el Presupuesto de Andalucía para 2017 regula la oferta de empleo público y la tasa de reposición tomando como referencia las limitaciones establecidas por la legislación de carácter básico del Estado en el año 2016. «Nadie puede cuestionar que hayamos ejercido nuestras competencias de forma responsable y teniendo en cuenta en todo caso el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria», ha defendido.
La consejera ha recordado que la Junta siempre ha mantenido su apuesta por el empleo público «estable y de calidad», agotando los límites de la tasa de reposición impuestas y, concretamente, se ha referido a los dos últimos años (2015 y 2016) en los que se convocaron en la comunidad 11.554 plazas (5.266 de Sanidad, 3.558 de Educación y 2.730 de Administración general).
No obstante, Montero considera que aún es necesario dar un paso más y ha apelado a un pacto de Estado por el empleo público que elimine las limitaciones y permita a todas las comunidades autónomas aprobar ofertas de empleo «suficientes y adecuadas a las necesidades de un Estado de bienestar reforzado», asegurando que las tasas de reposición no sigan menoscabando la calidad de los servicios públicos.
