Redacción. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) ha informado de que el pasado 3 de febrero se produjo nuevamente otro grave incidente en el centro penitenciario de Huelva que se saldó con un funcionario lesionado.
Según explica la entidad en un comunicado, F.J.T.B. que había sido detenido en Riotinto, de gran corpulencia y experto en artes marciales, fue trasladado por cuatro miembros de la Guardia Civil desde la localidad onubense al centro penitenciario. Al ser conducido por los funcionarios a las dependencias del centro, comenzó a amenazar de muerte a los funcionarios presentes. Posteriormente, fuera de sí y gritando que estaba loco y no le importaría volver a matar, se abalanzó sobre ellos, lanzando puñetazos y patadas. El incidente se saldó con un funcionario lesionado y no fue a más gracias a la gran intervención de los compañeros que consiguieron controlar la situación y aislar al interno del resto de la población reclusa.
Desde ACAIP Huelva, exigen que dichos hechos sean puestos en conocimiento de la autoridad judicial por las responsabilidades penales que pudieren derivarse, así como que se traslade a dicho interno a otro centro penitenciario lo antes posible, dado los graves incidentes que ha protagonizado en el centro penitenciario de Huelva en su anterior ingreso en prisión.
ACAIP indica en su comunicado que «al margen de los problemas endémicos que sufrimos en nuestro centro, como es la escasez de personal y la mala distribución de los efectivos existentes, este aumento paulatino de este tipo de agresiones hace que nuestro colectivo demande una mayor protección jurídica a nivel judicial y administrativo, puesto que, aunque pueda parecer increíble, los funcionarios de prisiones no tienen reconocido formalmente la condición de Autoridad en el ejercicio de sus funciones. Queremos subrayar como la propia Secretaria General de Instituciones Penitenciarias ha elaborado un borrador del protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en los centros penitenciarios donde excluye circunstancias como las amenazas a los trabajadores penitenciarios, agresiones a los mismos que no vayan aparejadas con lesión e incluso agresiones que ,por razón de nuestro trabajo, suframos en las calles de nuestras ciudades. Esto hace que las expectativas para nuestro colectivo no sean nada halagüeñas y nos sintamos como los “patitos feos” de la Administración General del Estado, siendo el único colectivo de funcionarios de la AGE que no está incluido en ningún protocolo contra agresiones a personal funcionarial del Estado».
