Redacción. El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Rafael López, ha visitado la residencia para personas mayores ‘San Antonio Abad’, ubicada en Trigueros, que cuenta con un total de 33 plazas concertadas con la Junta para la acogida de usuarios del sistema de atención a la dependencia en la provincia de Huelva. El importe que la administración andaluza ha destinado a ello durante 2016 asciende a cerca de 337.000 euros.
La residencia ‘San Antonio Abad ‘ofrece a personas mayores dependientes una atención integral a sus necesidades y demandas en régimen de alojamiento las 24 horas del día, los 365 días del año, así como otras actividades y programas con vistas a promover su autonomía personal y retrasar la evolución de la dependencia. En este sentido, entre sus servicios se encuentran atención socio-familiar, sanitaria y psicológica, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, además del desarrollo de otras actuaciones enfocadas a la mejora de las condiciones físicas y cognitivas de los usuarios, y de ocio y tiempo libre.
El acto, en el que también estuvo presente el alcalde de la localidad, Cristóbal Romero, se enmarca dentro de la ronda de visitas que el delegado territorial del ramo está cursando a los diferentes dispositivos y recursos incluidos en la red del sistema para la atención a la dependencia en la provincia, con el objetivo de resaltar “el esfuerzo que está realizando la Junta por el mantenimiento y la mejora de estos servicios, así como garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a los mismos”.
López ha destacado al respecto que Andalucía lidera en el conjunto del Estado español la aplicación de la Ley de Dependencia. De hecho, en estos momentos, nuestra comunidad gestiona más del 23% del total de personas con derecho a prestación en España, lo que significa que prácticamente una de cada cuatro prestaciones concedidas en toda España corresponden a Andalucía (una de cada tres en el caso de la ayuda a domicilio).
En concreto, en Andalucía existen en la actualidad 178.200 personas beneficiarias de la Ley de Dependencia, 13.681 de ellas en Huelva, que suponen una inversión anual estimada de 1.160 millones de euros (77 millones en la provincia onubense).
Y todo ello, incluso teniendo en cuenta los recortes impuestos por el Gobierno central, que durante los últimos años ha reducido en alrededor de 508 millones de euros su aportación a Andalucía en esta materia. Así, según los últimos datos del propio Observatorio Estatal de la Dependencia, el Ejecutivo central sólo aporta el 18% de la financiación del sistema -frente al 50% que fija la ley-, mientras que las comunidades autónomas están asumiendo hasta el 82% del gasto público certificado en el último año.
Con objeto de hacer frente a esta situación, la administración andaluza ha incrementado nuevamente en 2017 en un 2,5% el presupuesto en este apartado, que seguirá creciendo paulatinamente hasta alcanzar el 10% al final de la legislatura. De esta forma, se persiguen agilizar los pagos a las entidades y corporaciones locales que prestan servicios.
En esta misma línea, el delegado territorial ha recordado los últimos avances de la Junta en este campo, entre los que sobresalen el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia y el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, “normas que nos siguen situando en una posición de avanzadilla con respecto a otras comunidades autónomas”.
El plan tiene como finalidad disminuir situaciones de dependencia en personas que todavía no se encuentran en este estado, así como promover la autonomía personal y prevenir el agravamiento de la dependencia en personas que ya están contempladas como dependientes. Mientras que la nueva ley persigue facilitar las mejores condiciones y los recursos necesarios para que las personas con discapacidad puedan llevar una vida lo más independiente posible, garantizando además la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal, aspectos que ya existían pero que se re-fuerzan con relación al anterior marco normativo, al incorporar un régimen sancionador.
