Redacción. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, ha abordado con el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García Palacios, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Sebastián Donaire, y Emilio Fernández, respectivamente, el acuerdo que impulsa la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en las contrataciones de la Administración autonómica y sus entes instrumentales y que ya ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
El delegado del Gobierno ha afirmado que “la Junta es la mayor empresa de Andalucía y quiere utilizar su poder de contratación para construir una sociedad más decente en lo laboral, más justa en lo social y más sostenible con el medio ambiente”. Esta iniciativa que fue acordada el pasado día 10 entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública, UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía en presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, persigue mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en empresas que contratan con la Junta, así como promover el acceso al empleo de colectivos con dificultades de inserción en el mercado laboral.
Para dar cumplimiento al acuerdo se creará una comisión de seguimiento y control, integrada por la Administración, sindicatos y patronal, que analizará las modificaciones normativas que se requieran y verificará su aplicación.
El delegado del Gobierno ha recordado a los agentes sociales que la Junta ha elaborado una guía en la que se recogen las estipulaciones obligatorias que se incluirán en los pliegos de cláusulas administrativas de las contrataciones, así como recomendaciones de carácter general.
“La fuerza de las cláusulas sociales –continúa Romero- reside en que empresarios y sindicatos se obligan a cumplirlas”. “Este acuerdo es una apuesta consensuada con los sindicatos y los empresarios que se trasladará a cada uno de los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares de los contratos”, subraya.
El acuerdo recoge que las empresas que hayan contratado con la Administración autonómica saben que si están dos meses sin abonar el salario a su plantilla se les rescindirá el contrato. Además estas entidades deberán garantizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo y los derechos laborales básicos, no pudiendo contratarse a una empresa cuya oferta sea inferior al coste laboral derivado del convenio colectivo aplicable. Igualmente se valorará la existencia de un plan de igualdad – medidas de conciliación de la vida familiar y profesional que vayan más allá de lo que establece la Ley de Igualdad-.
También se tendrá en cuenta los puestos de trabajo creados o la conversión de contratos temporales en indefinidos de la plantilla que ejecutará el contrato.
El documento establece la prohibición de contratar con la Junta para aquellas empresas que incumplen la legislación ambiental, por lo que estimará el grado de compromiso medioambiental y las acciones en el entorno de las entidades adjudicatarias. Asimismo se exigirá en la contratación de productos la etiqueta ecológica europea autonómica.
Otros criterios relevantes son la elaboración de planes de seguridad en el caso de contrato de obras, la accesibilidad a las nuevas tecnologías de personas con discapacidad o la prohibición de utilizar domicilios en paraísos fiscales.
