Redacción. Los servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía han intervenido un total de tres toneladas de chirla de talla no reglamentaria procedentes de las localidades onubenses de Isla Cristina y Punta Umbría y del municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda en tres días. La incautación se ha producido en el marco de diferentes operativos desarrollados a lo largo de los días 4, 5 y 6 de octubre en las provincias de Huelva y Sevilla y ha evitado que llegue a los consumidores un marisco, en palabras del delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual Hernández, “inmaduro, ilegal y no sujeto a control sanitario, con el peligro que ello entraña para la sostenibilidad del caladero y para la salud pública”.
Las actuaciones, encuadradas dentro del Plan Anual de Inspección Pesquera, se han llevado a cabo en instalaciones de centrales logísticas y en carretera y han dado lugar al levantamiento de las correspondientes actas sancionadoras. Pedro Pascual Hernández insiste, en este sentido, en la llamada a la responsabilidad y la sensibilización de todos ante una actividad ilícita que pone en riesgo la salud de las personas y causa un enorme perjuicio tanto ambiental como social y económico que pone en cuestión el futuro de un sector del que dependen sólo en la provincia de Huelva 600 familias. Todo ello, sin olvidar la imposición de fuertes multas que pueden alcanzar hasta los 60.000 euros.
Estos últimos decomisos suponen, como ha expuesto el delegado territorial, un importante golpe al grave problema del marisqueo ilegal. No en vano, el balance de los mismos adquiere una mayor relevancia si se compara con los datos de todo el ejercicio 2015, cuando la presión que se ejerce desde los servicios de Inspección Pesquera, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica, para combatir el furtivismo en la geografía onubense se saldó con la incautación de 11,9 toneladas de pescado y marisco en la provincia de Huelva, ya sea por no alcanzar la talla reglamentaria, carecer de etiquetado o ser transportado sin documentación, entre otras causas.
Junto a las labores de inspección y control, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural también vela por la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los caladeros con medidas como la fijación de tallas mínimas para las especies de interés pesquero, épocas de veda (fijas o estacionales) o la prohibición de captura o tenencia de determinadas especies, así como con la implantación de una tara máxima de explotación o cupo de captura máxima. También existe una definición y regulación de zonas o de fondos vedados a la actividad pesquera o la declaración de espacios marítimos protegidos.
En esta misma línea, este departamento de la Junta de Andalucía, en el marco del Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias en las Zonas de Producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz, decreta el cierre preventivo de los caladeros cuando se detecta la presencia de biotoxinas con valores superiores a los establecidos legalmente. El objetivo, la protección de la salud pública y garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros.
