Redacción. El Presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo ha firmado hoy el convenio de colaboración para la financiación del coste de materiales de proyectos de obras y servicios del PFEA, Programa de Fomento de Empleo Agrario, del ejercicio 2016, por valor de 5,5 millones de euros. En el acto, celebrado en el Palacio de San Telmo, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz ha presidido la firma de los convenios de colaboración con las ocho diputaciones andaluzas, que han sido rubricados por el vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios.
Tras la firma del convenio, Caraballo ha destacado el aumento del 15 por ciento con respecto a la cantidad aportada por el organismo provincial el pasado año, así como el incremento del 12 por ciento en la cantidad aportada por la Junta en la provincia de Huelva. “Se trata de un esfuerzo que reafirma el compromiso con los municipios ya que hablamos de una cantidad importante que va a repercutir directamente en la generación de empleo y bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos de nuestra provincia”, ha señalado Caraballo. En este punto el presidente de la Diputación ha reclamado al Gobierno Central que ‘iguale el esfuerzo y compromiso para aumentar esas cuantías”.
En el caso de Huelva, la Junta de Andalucía subvencionará el 75 por ciento de la cuantía prevista por un importe de 4.140.739,95 euros, quedando a cargo de la Diputación Provincial de Huelva el 25% restante que asciende a 1.380.246,65 euros. El importe total de la financiación a aportar en el ámbito territorial de la provincia de Huelva asciende a 5.520.986,60 destinados a financiar os materiales empleados para proyectos de obras y servicios en los municipios de la provincia.
La presidenta de la Junta de Andalucía ha señalado que es un día importante para los trabajadores agrarios y para todos los ciudadanos de los pueblos andaluces porque gracias a las obras del PFEA en este ejercicio se generarán casi 2.000.000 de jornales y dará empleo a alrededor de 112.000 trabajadores en más de 2.000 proyectos. Díaz también ha subrayado que con este programa se consigue que los ciudadanos puedan disfrutar de servicios de calidad “vivan donde vivan” y ha destacado que este convenio ha permitido dignificar las zonas agrarias, un sector que ha sido el más vulnerable, por lo que ha reconocido el valor y la importancia del PFEA, “que hemos defendido desde la Junta de Andalucía contra viento y marea”, ha insistido.
El presidente de la Diputación ha agradecido el compromiso de la Junta a través de este plan por la generación de empleo en la provincia y la dotación de servicios de calidad e infraestructuras en los pequeños municipios de la provincia.
En el capítulo de materiales, el incremento en Andalucía ha sido del 12,5%, de manera que la Junta de Andalucía pasa de 44,3 millones de euros del ejercicio anterior a 49,8 millones -5,5 millones de aumento-. Mientras, las diputaciones andaluzas han incrementado su aportación en 1,8 millones, lo que ha supuesto una subida hasta los 7,3 millones en el PFEA para materiales desde las corporaciones provinciales.
Caraballo ha defendido la necesidad de este Plan para los trabajadores del campo y para la economía agrícola. “Es vital para el empleo en Andalucía y para los pequeños municipios ya que la situación de las Haciendas Locales no permite a las Corporaciones Locales andaluzas asumir por sí solas la financiación de los materiales para obras y servicios incluidos en sus convenios con el Servicio Público de Empleo Estatal”.
A través del PFEA se financian obras de interés general, social y de infraestructuras en sectores como el agrícola, ganadero, industrial y de servicios. Igualmente, se realizan iniciativas como la construcción de centros sociales, parques o jardines, la urbanización de polígonos industriales, la mejora del alumbrado público o la conservación y arreglo de calles y caminos, entre otras.
El plan actúa como un elemento de cohesión social y territorial, facilita la permanencia de la población rural en sus territorios y permite a los municipios mejorar sus infraestructuras, estimular las economías locales y facilitar a los jornaleros la protección por desempleo del sistema agrario de la Seguridad Social.
