Redacción. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha reiterado la necesidad de que las empresas que operan en territorios especialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental se implique en su protección. Fiscal ha visitado el Espacio Natural de Doñana, acompañado de representantes de Red Eléctrica Española, para comprobar qué tareas de seguimiento, conservación y recuperación del águila imperial ibérica se han realizado en la zona, tras el convenio suscrito por la Junta de Andalucía y la entidad en esta materia.
El titular de Medio Ambiente ha valorado los últimos datos de cría de la especie, en peligro de extinción, ya que este año puede considerarse un año excelente con el nacimiento de un total de 15 pollos en el espacio protegido, cifra que no se conseguía desde principios de los 90. Según Fiscal, “es indudable que el acuerdo con Red Eléctrica está suponiendo una ayuda importante en las tareas de gestión y seguimiento del águila imperial en Doñana”.
Las actuaciones vinculadas a este acuerdo se centran fundamentalmente en la señalización de los territorios de cría de esta especie en peligro de extinción, en la adecuación de árboles de gran porte, con o sin nidos, para favorecer el hábitat de nidificación, así como en el suministro de alimentación, en este caso conejos, durante la época de reproducción de esta rapaz.
Esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 130.000 euros, se desarrollará durante un periodo de dos años, prorrogables. Red Eléctrica aporta tanto medios técnicos como económicos, mientras que el personal especializado de la Consejería se encarga de llevar a cabo las tareas de seguimiento sobre el terreno.
Según los censos que anualmente realiza la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la población del águila imperial ibérica (Aquila adalberti) ha alcanzado este año en Andalucía las 102 parejas nidificantes, lo que supone un incremento del 6,3% de la actividad reproductora de esta especie respecto a 2014. Esta es la primera vez que en la Comunidad autónoma se supera el límite de las 100 parejas, considerado por la Directiva Aves y Hábitats de la Unión Europea como el tamaño poblacional mínimo necesario para alcanzar un estado favorable de conservación de la especie.
