Redacción. La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), a través de su empresa pública de gestión Giahsa, y el Ayuntamiento de La Palma del Condado han suscrito un convenio administrativo de colaboración a partir del cual quedan saldadas y resueltas las diferencias y litigios existentes entre las partes, surgidas como consecuencia de la disolución y la liquidación de la extinta Mancomunidad de Aguas del Condado, aunque también persistía una deuda en concepto de abastecimiento de agua depurada en alta. El saldo resultante, reconocido presupuestariamente por el Ayuntamiento y que asciende a un total de 2,8 millones, se hará efectivo a lo largo de los próximos 10 años.
En palabras de la presidenta de MAS, Laura Pichardo, este convenio “nace de la voluntad de resolución amistosa de las diferencias entre las instituciones, desde el respeto y el espíritu de colaboración y entendimiento que debe presidir este tipo de relaciones”. En ese sentido, ha querido agradecer “el buen talante demostrado por el alcalde de La Palma, Manuel García Félix, que del mismo modo ha encontrado una posición de consenso, diálogo y comprensión por nuestra parte”. Pichardo ha incidido en que “éste y no otro es el camino que hay que seguir para resolver los distintos conflictos abiertos con el resto de ayuntamientos que mantienen deudas con la Mancomunidad”.
Con el acuerdo se pone fin a un prolongado y complejo proceso que se inició en 2009 con la disolución de la Mancomunidad de Aguas del Condado y que ha llegado incluso al embargo de terrenos por parte de MAS al Ayuntamiento palmerino. En esta línea de trabajo, desde Giahsa se siguen dando pasos firmes para desatascar situaciones similares y alcanzar acuerdos con otros municipios con los que se mantienen abiertos distintos frentes. “Como se indicó hace apenas unos días, nuestro objetivo es defender los intereses de los ciudadanos de los 65 municipios que integran MAS desde la vía de la legalidad y la lealtad institucional, a través de reclamaciones judiciales y procesos administrativos o desde a negociación o la búsqueda de acuerdos”, ha recordado Pichardo.
La liquidación del saldo resultante se hará efectiva por parte del Ayuntamiento de La Palma a través de 12 pagos mensuales durante 10 años, que reconocerá en sus presupuestos a través de los mecanismos de intervención pública oportunos. De hecho, el acuerdo alcanzado con Giahsa y MAS será ratificado en el próximo Pleno Ordinario que celebrará el consistorio palmerino. Del mismo modo, el Ayuntamiento recibirá los antiguos pozos de abastecimiento a la localidad, ambos situados en el término municipal, y encargará a la empresa pública la ejecución del pozo 4 y el aljibe de rebombeo hacia la estación de tratamiento de agua potable (ETAP).
El convenio también contempla que si en algún momento durante el periodo de financiación de la deuda el Ayuntamiento de La Palma recibiera ingresos adicionales de carácter extraordinario podrá realizar amortizaciones parciales o totales (que carecerán de coste de cancelación) de la cantidad pendiente que disminuyan la deuda. Por último, y en relación precisamente con la ETAP de La Palma, la explotación de la misma la seguirá realizando Giahsa, sin perjuicio del porcentaje que corresponde al Ayuntamiento después de la liquidación de la Mancomunidad de Aguas del Condado (un 13,98%). Además, la empresa pública se compromete en este mismo convenio a potabilizar el agua procedente de los pozos de abastecimiento a la localidad.
A principios de mes, los responsables de Giahsa y MAS anunciaron una ofensiva “por tierra, mar y aire” en la estrategia de cobro de indemnizaciones a los ayuntamientos que de manera unilateral abandonaron la institución provincial sin hacer frente a sus obligaciones legales. La empresa pública tiene derechos reconocidos a fecha de hoy para ejecutar el embargo de 24,5 millones y exigirá responsabilidades personales a los alcaldes que no consignen las deudas en sus presupuestos municipales.
