Redacción. Los servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía han intervenido una embarcación, artes de arrastre y una partida de 22 kilos de coquina en un operativo contra el marisqueo ilegal en el Parque Nacional de Doñana (Huelva). La incautación se ha producido en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Esta actuación ha evitado que llegue a los consumidores un producto que actualmente se encuentra en periodo de veda, establecido para favorecer la regeneración del caladero. Por tanto, su pesca supone un perjuicio tanto ambiental como social y económico al no respetarse la obligación de inactividad. La Junta recuerda que la captura de este bivalvo solo está permitida a pie, y está prohibido el uso de embarcaciones.
El operativo, enmarcado en el Plan Anual de Inspección Pesquera, se ha saldado con la interposición de siete denuncias y la identificación de los tres tripulantes de la embarcación. Junto a los 22 kilos de coquinas y el barco, han quedado intervenidos también cuatro rastros coquineros y un trasmallo. Tomaron parte, además, de los efectivos de Inspección Pesquera y el Seprona, dos embarcaciones y tres vehículos todoterreno con el fin de actuar de manera simultánea desde tierra y mar, dadas las dificultades que entrañan las características de esta actividad ilegal.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural insiste en hacer una llamada a la responsabilidad de los mariscadores ante un delito que pone en peligro la salud pública, al derivar en la comercialización de marisco ajeno a controles sanitarios; la sostenibilidad del caladero y, por tanto, el futuro de un sector del que dependen en Huelva 600 familias. Todo ello, sin olvidar la imposición de fuertes sanciones económicas que pueden alcanzar los 60.000 euros.
Para velar por la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de la actividad, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural establece medidas como fijar tallas mínimas para las especies de interés pesquero, épocas de veda (fijas o estacionales) o de la prohibición de captura o tenencia de determinadas especies, así como la implantación de una tara máxima de explotación o cupo de captura máxima. También existe una definición y regulación de zonas o de fondos vedados a la actividad pesquera o la declaración de espacios marítimos protegidos. A ello se unen las labores de inspección y control, reforzadas a través de actuaciones conjuntas con la Guardia Civil y la Policía Autonómica, sobre la base del convenio de colaboración existente con el Ministerio de Interior desde el 22 de noviembre de 2007.
