Redacción. El gerente de Asaja-Huelva, José Luis Marín, ha manifestado su satisfacción ante la posibilidad de que pueda darse un mecanismo penal, además del preventivo -que ya existía-, a la hora de atajar la problemática de los robos en las explotaciones agrícolas de la provincia. Marín ha explicado que ya existe un acuerdo de colaboración con la Guardia Civil, mediante el cual, y a través de planos de situación y unos códigos que se dan a cada finca, se puede mandar al Centro de Operaciones de la Benemérita un aviso de posible emergencia, y desde allí envían a la patrulla más cercana. “Se trata de un sistema preventivo y disuasorio, pero si a éste se le une un mecanismo penal, mucho mejor”, afirma el gerente de Asaja-Huelva.
El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, y los responsables autonómicos de Asaja que se reunieron con el titular de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, y el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para pedirles actuaciones ante la «alarmante situación» por el incremento de robos en las explotaciones rurales, han mostrado su satisfacción por el apoyo de los ministros, puesto que según Barato, Ruiz Gallardón se ha comprometido a responder en 15 días, por escrito, a las demandas de la organización agraria, a través de Arias Cañete.
Barato explicó que el titular de Justicia está «muy de acuerdo» con demandas de Asaja relativas a un mayor castigo de la «multirreincidencia» o como la posibilidad de que se incluyan «no solo los robos», sino los daños producidos en las explotaciones agrícolas o ganaderas, e insiste en que hay una respuesta favorable a un endurecimiento de las penas.
En este sentido, dice el presidente de Asaja que el ministro ha señalado que en el nuevo Código Penal «se va a hacer una redacción más amplia de todas aquellas zonas que estén fuera de áreas habitadas o poblaciones, y tengan un artículo específico y ahí se podría llegar a (una pena) de tres años de privación de libertad» y expuso que los ministros se han comprometido a hablar con el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, para «incentivar» una protección por parte de las fuerzas de seguridad en áreas rurales.
Finalmente, Pedro Barato recuerda que el futuro Código Penal está en el Consejo de Estado y después tiene que pasar el trámite parlamentario. «Pero los ministros están perfectamente de acuerdo con que las peticiones son legítimas y la sociedad española entiende que se nos dé la razón y una cobertura legal», apuntilla.
