Juan Carlos Jara. Desde mi niñez, en los años setenta, oigo hablar de la carretera hacia Cádiz. Ya en aquella época contábamos con una avenida dedicada a esa ciudad hermana en el lugar desde el que debía arrancar la futura vía terrestre y que ahora, a modo de curiosa metáfora de ese ya viejo proyecto de conexión directa con la antigua Gades, se ha convertido en un puente hacia el abismo. La avenida de Cádiz, metáfora de esa Huelva que sueña con el cielo para cavar su propio infierno.
Doñana es desde hace décadas una de las joyas del más preciado tesoro que posee nuestro planeta: su patrimonio natural. Una gran extensión al sureste de nuestra provincia es hoy en día uno de esos pocos espacios que se mantienen en Europa apartados de la dañina y demasiadas veces destructiva mano del hombre. Un auténtico motivo de orgullo para los onubenses que, pese a ello, apenas obtienen del mismo un aporte directo en su calidad de vida más allá que el que obtiene el resto de la humanidad.
El Parque Nacional de Doñana y todo su entorno, con las necesarias y lógicas medidas de protección que merece, proporciona a Huelva beneficios poco tangibles mientras provoca no pocas dificultades para nuestro desarrollo económico, aunque ninguna de ellas pueda estar por encima de la obligación que toda la humanidad tiene de conservar adecuadamente un espacio natural de tan incalculable valor.
El cuidado de Doñana debe ser una prioridad para todo el planeta y para todas las instituciones que tienen alguna competencia, por pequeña que ésta sea, sobre ese territorio, pero también debe convertirse en un motivo para intentar ayudar a todo el entorno humano que lo rodea, para que la conservación de la naturaleza no suponga un lastre para el desarrollo de nadie. La Unión Europea, el Estado español y el Gobierno andaluz deberían tener presente siempre que la protección de un espacio natural de tal importancia conlleva una serie de inconvenientes para los ciudadanos de su entorno que deberían ser compensadas.
Nunca he entendido por qué nuestra provincia, lastrada por obligaciones legales y morales que impiden a priori, por ejemplo, esa conexión directa con Cádiz, no ha recibido nunca la ayuda económica y logística necesaria para solucionar, sin el más mínimo daño para Doñana, necesidades tan indudables como ésa. ¿Por qué no se aplica en Huelva una discriminación positiva? ¿Por qué no se proporciona a esta provincia ayudas que de verdad compensen el lastre económico que conlleva la no construcción de ésa y de otras infraestructuras? ¿Por qué la protección del Parque Nacional no incluye medidas favorables para las personas que viven a su alrededor? Y así, ahora que el asunto vuelve a estar sobre la mesa, ¿no deberían las instituciones públicas participar en el mantenimiento de esa línea marítima con Cádiz y potenciarla, para romper de una vez esas murallas que separan a ambas provincias? Y, en esa misma dinámica, ¿por qué no sufragar una verdadera y definitiva solución al problema?
